1- Un poco de historia
Desde 2007, tengo la sensación, compartida por muchos empresarios y directivos, que vivimos en una crisis permanente. En aquel año nos estalló con toda su crudeza el crack de las subprime, que afectó al sistema financiero de las economías más desarrolladas del mundo y que cortó el riego crediticio a numerosas empresas, muchas de las cuales se vieron obligadas a cerrar en un escenario de recesión y con un mercado en contracción. Le siguió la crisis de deuda soberana en 2012, a lo que se sumó una alta inflación, las medidas de austeridad de las Administraciones Públicas que congelaron las inversiones y un alto desempleo.
En 2020 llegó la pandemia mundial del Covid-19 y la Declaración del Estado de Alarma. Una vez superada la crisis sanitaria gracias a las vacunas, y cuando parecía que las economías tenían que crecer a velocidad de crucero, nos encontramos con una coyuntura marcada por los problemas en las cadenas de suministro, la inflación, la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo y los efectos derivados de la guerra de Ucrania, a la que se añade el ataque de Hamás a Israel y la posterior respuesta bélica en Gaza, lo que provoca la inestabilidad en Oriente Medio. Ahora, a finales de 2023, tenemos en España el proyecto de Ley de Amnistía, pactada por el PSOE con los nacionalistas catalanes y que, más pronto que tarde, va a generar una crisis social, política y económica de consecuencias imprevisibles. Y por si fuera poco, el futuro Gobierno español tiene en el punto de mira a las empresas y bancos al anunciar medidas laborales y fiscales que merman su competitividad en los mercados internacionales.
2- Una reflexión compartida
Mucho se ha hablado y escrito sobre la Ley de Aministía y sobre la reciente investidura. Poco queda por añadir, sólo quiero compartir con ustedes las reflexiones de las asociaciones empresariales más importantes de Castilla y León y que suscribo al 100%. Para Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, estos acuerdos “ponen en peligro la cohesión territorial de nuestro país y afectan al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978”. Y añade: “los empresarios de Castilla y León subrayamos que España necesita un gobierno que garantice la unidad de España y la estabilidad política e institucional, y no un gobierno que empuje hacia un escenario que pone en peligro la separación de poderes y la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia”. En su opinión, “la condonación del 20% de la deuda a Cataluña, cifrada en 15.000 millones, traerá más impuestos e incidirá negativamente en el crecimiento económico de Castilla y León, de España y en la vida de todos los ciudadanos, provocándose un agravio comparativo intolerable y castigando a quienes verdaderamente cumplen la Ley”. Por último, Aparicio advierte: “mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado”.
De similar opinión es Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, quien manifiesta que la futura Ley de Amnistía “es un dislate y algo inverosímil, estamos contemplando con asombro cómo el futuro del país está en manos de los independistas. La democracia no puede permitirse estos juegos ni la Constitución es un chicle que se estira y se rompe”. Sobre cómo afecta esta situación a la competitividad de nuestra economía, Méndez Pozo lo explica con mucha claridad: “para las empresas en general, no sólo las de Castilla y León, el primer aspecto por el que se verán afectadas es por la falta de certidumbre, seguridad jurídica y descrédito del país en los mercados exteriores, por lo que se paralizarán las inversiones considerando a España un país nulo en seguridad y ello ahuyentará los inversores. A ello habrá que añadir, por si fuera poco, la subida de la prima de riesgo que dañará nuestra deuda y complicará la financiación y, por tanto, el crecimiento económico y el empleo”. Y añade: “lógicamente, una escalada tributaria y de incremento de costes para las empresas dañará aún más la competitividad del tejido productivo. La condonación de una deuda autonómica crea una absoluta desigualdad entre los españoles y entre comunidades autónomas. Una Ley de Amnistía beneficiará a promotores y partícipes del procés, procesados y condenados por el Tribunal Supremo, además de otras exigencias concedidas en infraestructuras, mientras que en Castilla y León continuamos suplicando ejes viarios y ferroviarios claves para el desarrollo y una financiación autonómica que se ajuste a nuestra idiosincrasia”.
¿Y qué opinan las principales empresas familiares de Castilla y León que, no se nos olvide, generan más del 17% del PIB regional y casi el 9% del empleo privado de nuestra comunidad autónoma? Pues la Junta Directiva de EFCL, reunida con carácter extraordinario el pasado mes de noviembre, aprobó un comunicado en el que rechaza dicho acuerdo entre PSOE y Junts por vulnerar el principio de separación de poderes y provocar desigualdad entre españoles, por lo que solicita una urgente convocatoria de las elecciones.
Para el presidente de EFCL, Pedro Palomo, la Ley de Amnistía supone “una afrenta al principio de la división de poderes en detrimento de la justicia del país. Además, escenifica una terrible desigualdad entre territorios, dadas las consecuencias económicas del pacto”. En opinión del empresario segoviano, “la Constitución Española está en peligro. Nunca hemos vivido una situación tan terrible en nuestra democracia. Es desazonador que los intereses partidistas primen sobre el interés general”. Palomo también considera que este pacto “afectará negativamente a las empresas de Castilla y León. Por un lado, la imagen de España se ve afectada, con lo que ello conlleva para las empresas, y por otro, aumenta la desigualdad entre las comunidades autónomas, con la carga impositiva que implica para nuestro tejido empresarial”.
Lo dicho, nada que añadir a las reflexiones de los presidentes de las asociaciones empresariales más importantes de Castilla y León.
3- ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
A mediados del pasado mes de octubre, tuve el privilegio de asistir a una cena con un reducido grupo de empresarios y directivos en la que estaba un antiguo ministro del Gobierno de España. Como las conversaciones fueron confidenciales, no les voy a desvelar el nombre de este personaje político que ahora se gana la vida, y muy bien, en la iniciativa privada, donde demuestra su valía como profesional. En los postres le pregunté por qué se ha deteriorado tanto el nivel de nuestra clase política, legislatura tras legislatura. Y no es una apreciación subjetiva, sólo basta con echar un vistazo al currículum de los ministros de los anteriores Gobiernos de España, tanto del PSOE como del PP, y compararlos con los que tenemos en los últimos Ejecutivos.
Pues bien, me contestó que, como todo en esta vida, no hay una única causa, sino varias: la aprobación de un draconiano Régimen de Incompatibilidades para los diputados y senadores, lo que les impide volver luego a ejercer su actividad privada durante unos años, algo que es letal en las profesiones más especializadas. Esta normativa se aprobó para evitar corruptelas, lo que es evidente que no consiguió, pero a cambio sí ahuyentó de la política a brillantes profesionales. Nuestro prócer también argumentó las bajas remuneraciones de los cargos públicos respecto a la empresa privada; el deterioro de las formas, pues ahora se ataca personalmente al adversario político e incluso a su entorno familiar utilizando herramientas como las redes sociales; la pérdida de un sentido de Estado, anteponiendo los intereses partidistas e incluso personales; y la consolidación de unos partidos monolíticos donde cualquier crítica es cortada de raíz. Para este culto ex ministro, la política se ha convertido, salvo honrosas excepciones, en un refugio de mediocres que no pueden ganarse la vida de otra manera y menos aún aspirar a tener secretaria, chófer y otras prebendas.
4- Un ruego
Anuncian más impuestos para las empresas; defienden la reducción de la jornada laboral en una España con un grave problema de productividad; atentan contra la libertad de empresa al promover un plan de regreso de las compañías que huyeron de Cataluña tras el procés (desde entonces casi 140 empresas catalanas se trasladaron a Castilla y León); promueven la condonación de la deuda autonómica de una región despilfarradora como Cataluña, lo que penaliza a una austera y cumplidora como Castilla y León; y generan una inseguridad jurídica que espanta a los inversores internacionales. Con este panorama, muchos empresarios piensan que es mejor tirar la toalla y que el último que apague la luz. Por favor, empresarios, directivos, profesionales liberales y trabajadores, evitemos la tentación de convertirnos en un país de descreídos, porque entonces sí que estamos condenados. En períodos históricos como éste, una vez más, el futuro depende de la fortaleza y capacidad de aguante de una sociedad civil que asiste atónita al derribo de las instituciones que nos permitieron disfrutar del mayor período de prosperidad en la historia moderna de España. Hay que resistir y, sobre todo, tener memoria en las próximas elecciones.
