Como ya he destacado en este espacio en pasadas ocasiones, en la actualidad el principal problema de los empresarios para el desarrollo de sus negocios es la falta de personal, tal como refleja nuestro último sondeo. Les recuerdo 2 datos: en España tenemos cerca de 500.000 puestos de trabajo sin cubrir, de los que casi 40.000 corresponden a Castilla y León. Una dimensión nueva de este reto fue ofrecida por Isidoro Alanís, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), al denunciar recientemente que el sector público “nos están robando el talento y las administraciones lo que deben hacer es velar por tener unos servicios buenos, sin necesidad de incrementar el gasto a base de contrataciones”. El también presidente de la multinacional salmantina Global Exchange recordó que el 55% de los opositores “es gente joven”, lo que provoca que las compañías “se estén quedando sin capacidad productiva” por la falta de profesionales.
Para afrontar esta contrariedad, las empresas están aplicando innovaciones en la gestión de sus recursos humanos, sobre todo después de la pandemia, como el teletrabajo, protocolos de bienvenida a los nuevos empleados, retribución variable, medidas de conciliación, cursos de formación de reciclaje y de aprendizaje de nuevas habilidades o diseño de políticas de RSC, entre otras. Pero ni aún así son capaces de satisfacer sus necesidades laborales.
En un país donde desde algunas instancias públicas se sigue demonizando a las empresas y donde se idolatra todo lo público como bien supremo sin un atisbo de crítica, la consecuencia de estas campañas es que la iniciativa privada pierde atractivo para captar recursos humanos. Las ventajas de ser funcionario son obvias: tener un empleo fijo, salario asegurado y una estabilidad laboral, pero a cambio las carreras profesionales son más limitadas que en el sector privado y peor remuneradas.
Como consecuencia de esa desmedida apuesta por la Función Pública, en España hay en la actualidad alrededor de 2.968.000 funcionarios, el dato más alto desde que se empezasen a contabilizar en 2002. Y en Castilla y León contamos con más de 90.000 empleados públicos para atender una población menguante que no supera la barrera de los 2,5 millones de habitantes, con lo que nos situamos entre las regiones con el mayor porcentaje de trabajadores públicos respecto a su población ocupada (sólo por detrás de Melilla, Ceuta y Extremadura).
La maquinaria no descansa: sólo el Gobierno de España anunció el pasado año la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 40.000 plazas. A esa cifra añadan las convocatorias del resto de las Administraciones (autonómicas, provinciales y locales). Ése es el panorama al que se enfrentan las empresas en el ámbito laboral, con una dura competencia de los organismos públicos para captar talento, a lo que hay que añadir la alta rotación del personal y el descontrolado absentismo.
Estado de Bienestar
No seré yo quien critique la figura del funcionario, conozco a algunos, sobre todo en el sistema educativo y en el sanitario, que me causan admiración pues mantienen la pasión por su oficio pese a las constantes trabas de un sistema pernicioso que remunera igual al talentoso y diligente que al mediocre y gandul; pero me cuestiono si este sobredimensionamiento del personal público ha servido para mejorar el Estado de Bienestar o, por el contrario, sólo ha agravado la esclerotización del aparato burocrático.
Agigantar lo público conlleva un curioso fenómeno que pasa desapercibido: los españoles que cobran del Estado son ya medio millón más que los que obtienen sus ingresos del sector privado. Así, el número de pensionistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, dependientes del Ingreso Mínimo Vital y de sueldos públicos sobrepasó hace tiempo los 18,2 millones de personas, frente a alrededor de 17,7 millones con nóminas en las empresas, según el INE. ¿De verdad es sostenible este modelo económico? Un modelo económico que, por cierto, me recuerda al del decadente Imperio Romano, donde se instauró la annona (reparto de trigo) para las clases empobrecidas, a quienes también se domesticaba al ofrecerles panem et circenses gratuitos, lo que contribuyó, como recuerda Juan Eslava Galán, a consolidar una clase social parasitaria, embrutecida y envilecida por la holgazanería al vivir exclusivamente del Estado.
