El Ministerio de Economía y Hacienda ha retenido anticipos a 1.022 municipios por valor de 13,5 millones, que se corresponden con su participación en los tributos del Estado en el mes de octubre, por no haber presentado los datos de liquidación de sus presupuestos del pasado ejercicio. Del total, 402 ayuntamientos son de Castilla y León.
Según indica el departamento dirigido por Elena Salgado, esta retención de ingresos “no implica la pérdida de recursos, ya que la cantidad será reintegrada a las arcas municipales a medida que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones de información”.
La Ley de Economía Sostenible obliga al Gobierno a retener el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos a partir del mes de septiembre cuando las entidades locales incumplen la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de sus presupuestos de cada ejercicio. Así, el Ministerio de Economía y Hacienda dio de plazo hasta el 30 de septiembre para enviar los datos del año 2010, aunque, transcurrido ese período, 7.092 municipios (el 87,4% del total) enviaron la información preceptiva, mientras que 1.022 (el 12,6%) no lo hicieron.
Una “putada” para Del Olmo
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, calificó de “putada” la retención de estos anticipos. “Lo digo claramente”, reconoció la responsable de las cuentas regionales, quien advirtió que el Gobierno va a poner en “graves dificultades” a los ayuntamientos que contaban con esos ingresos. “No era el momento de retener esas cantidades a cuenta”, insistió.
La FRMP pide “flexibilidad”
La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) solicitó al Ejecutivo central “más flexibilidad” con los 402 ayuntamientos de Castilla y León a los que ha retenido los fondos de participación del Estado, al tiempo que recomendó a estos municipios que cumplan la Ley para agilizar el proceso.
A su juicio, este bloqueo es “una faena” para las entidades locales que tratan de superar la “difícil situación económica” y ahora “reciben un castigo como éste, que empeora aún más su supervivencia”. Al respecto, la Federación recordó que la gran mayoría de las localidades afectadas por esta medida son muy pequeñas, con escasa población y con unas infraestructuras mínimas, “incluso muchas de ellas sufren problemas de gobierno, lo que dificulta enormemente la aprobación de sus propios presupuestos”.
Europa Press / Castilla y León Económica
