Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, destacó este viernes la dimensión social de su entidad, así como la importancia del grupo de enlace “al ser el único CES de España que dispone de un órgano de este tipo”. No en vano, explicó que este último se ha incorporado “con normalidad a la elaboración de los informes de los Proyectos de Ley en los que trabajamos”, durante la presentación del II Foro Social del Grupo de Enlace del CES con el título Estrategias de recuperación post-Covid para la cohesión social.
“Estos encuentros ponen de manifiesto el orgullo que debemos sentir por las organizaciones sociales de nuestra comunidad autónoma, por su compromiso y su capacidad de colaboración y organización, lo que posibilita que desde el CES podamos hacer más y mejores propuestas en el ámbito social. Hay que agradecer su trabajo para garantizar el bienestar y tratar de evitar la pobreza y la exclusión”, aseguró Cabero.
Proteger a los más vulnerables
Por su parte, Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, apuntó en la presentación del evento que la relación con el CES “es de complicidad continua, porque pensamos en las personas y nuestro objetivo es proteger a los más vulnerables”.
Según detalló, el Gobierno de Mañueco está adaptando “con éxito los sistemas de protección a la realidad social emergente tras la pandemia”, al tiempo que defendió que la innovación aplicada a la gestión y prestación de los servicios sociales “constituye una de las herramientas más efectivas para combatir las nuevas formas de pobreza”.
Consecuencias sociales de la pandemia
En su intervención, Blanco partió del análisis de las 3 consecuencias que, en su opinión, ha traído consigo la crisis socioeconómica derivada de la pandemia. Citó en primer lugar las nuevas formas de pobreza. En este apartado englobó los “nuevos pobres provenientes del paro, de trabajos inestables y eventuales, de zonas urbanas marginales, de áreas rurales deprimidas y de familias desestructuradas”, además de la pobreza infantil, entre las personas mayores, los inmigrantes y los transeúntes, sin techo o sin hogar.
En segundo término, la consejera se refirió al significativo incremento de la privación de material, que se traduce en las mayores dificultades que tienen las familias para acceder al consumo de bienes y servicios básicos, lo que conlleva un “aumento preocupante de la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos de la población”.
Por último, señaló el crecimiento de la desigualdad, especialmente entre los colectivos más afectados, que son los jóvenes y las mujeres. “Es evidente que el aumento de la desigualdad y la relación entre desempleo y pobreza, ha supuesto un gran aumento de la vulnerabilidad, ha reducido los derechos sociales y ha precarizado de manera significativa los empleos”, sostuvo.
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