Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, anunció que una de las prioridades de la Administración regional para la presente legislatura es el desarrollo de un Plan Específico de Economía Social que permita incrementar hasta un 20% el peso del sector en el PIB de la comunidad autónoma. La iniciativa se enmarcará dentro de la Estrategia de empleo, formación profesional y prevención de riesgos laborales (2012-2015), y permitirá que las cooperativas y sociedades laborales, los centros especiales de empleo y los centros de inserción, cuenten con una planificación propia.
Así lo afirmó durante una reunión con Jesús Mazariegos, de la Federación castellana y leonesa a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEAPS); Alberto Boronat, de Cooperativas de Trabajo de Castilla y León; Jerónimo Lozano, de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl); Santiago Molina, de Sociedades Laborales de Castilla y León; y Miguel Santos, de la Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción.
Otros aspectos abordados en el encuentro son las posibles fórmulas de dinamización de las economías locales con programas que permitan la creación de empleo y posibiliten la permanencia de personas en el territorio; la aprobación, dentro de los primeros 6 meses de legislatura, de un Proyecto de Ley de Estímulo a la Creación de Empresas y reducción de cargas administrativas, en el que la Economía Social jugará un papel importante; o la aprobación de un Plan Específico sobre Responsabilidad Social Empresarial.
La Economía Social en Castilla y León
El sector de Economía Social en Castilla y León cuenta con más de 4.000 entidades que generan más de 30.000 empleos directos y cuya facturación ya supera los 4.000 millones de euros. “Además es un área de actividad con un importante peso humano y social por cuanto da viabilidad personal y profesional a personas con discapacidad”, añaden fuentes del Gobierno regional.
El CES de Castilla y León ha realizado recomendaciones en su informe relativo al ejercicio de 2010, donde pone de manifiesto la necesidad de estimular la creación de empresas, dando valor al autoempleo, a los trabajadores autónomos y a las diversas formas de la Economía Social a través de políticas de apoyo para emprendedores.
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