Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, inauguró este miércoles la jornada de presentación de la Estrategia de Compra Pública Innovadora (CPI) de Castilla y León, denominada Programa Escala CPI, en la que destacó la importancia de esta exitosa herramienta para promover la innovación en el sector productivo a través de la compra de soluciones innovadoras desde el sector público.
En la jornada, en la que han participado Teresa Riesgo, secretaria general del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como representantes del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE)- se ha explicado el trabajo que desde la Consejería se viene desarrollando desde 2016 para diseñar una estrategia que impulse la CPI en la comunidad autónoma.
Así, el Programa Escala, que fomenta la innovación en ámbitos estratégicos alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, prevé inversiones cercanas a los 4 millones de euros hasta el 2022 cofinanciados con el Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 3 proyectos que se están desarrollando. Estas iniciativas son: Senda, para integrar servicios al emprendimiento y empresas innovadoras desde el ICE; Ciber, para impulsar soluciones en materia de ciberseguridad; y PIC’s (Programa de Interés Común), que aglutina soluciones innovadoras en diferentes ámbitos competencia de la Junta.
De esta manera, el Ejecutivo regional tiene como objetivo mejorar la innovación y competitividad empresarial de la Comunidad, convirtiendo a las entidades públicas en tractoras desde la demanda, para así proporcionar servicios públicos de calidad en todo el territorio.
Colaboración público privada
En el encuentro se puso de manifiesto que la Junta pretende aprovechar la oportunidad que ofrece la CPI en torno a las políticas públicas de innovación para fomentar la innovación empresarial, principalmente de las pequeñas y medianas empresas, así como impulsar el emprendimiento y la internacionalización; promocionar ecosistemas de innovación abierta que favorezcan la colaboración público privada entre administración, empresas, centros tecnológicos, centros de investigación y academia; poner en valor el talento de los profesionales de la región; y potenciar la internacionalización de las empresas innovadoras a través de cesión de derechos de propiedad industrial para la comercialización de las soluciones desarrolladas.
La CPI es un procedimiento administrativo de contratación de productos o servicios con alto componente de investigación y desarrollo (I+D). A través de él se orientan las compras que realizan las administraciones públicas, no sólo al cumplimento de sus fines ofreciendo productos y servicios de calidad e innovadores, sino también al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, incentivándolas a que hagan en sus ofertas propuestas innovadoras que no existen en el mercado, o incorporen soluciones tecnológicas que mejoren sustancialmente lo que existe.
Entre las ventajas de este formato de contratación destaca garantizar una mayor eficiencia en el gasto público y una mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas. Además convierte a las administraciones en palanca de la innovación y la competitividad empresarial de forma creativa -demanda un servicio como cliente- y contribuyendo a compartir los riesgos que conlleva la I+D.
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