Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración, calculó que el gasto destinado a la protección de los parados, que alcanza los 2.500 millones de euros al mes, ascienda a casi 30.000 millones de euros anuales, es decir, alrededor de 2 terceras partes del presupuesto con el que cuenta el departamento que dirige.
En este sentido, alertó de los “elevados” costes sociales derivados de la inestabilidad del mercado laboral, en el que un 25% de los asalariados son temporales. Además, concretó que 2 de cada 10 contratos temporales tienen una duración inferior a una semana, lo que da lugar, subrayó el ministro, a una “permanente” entrada y salida de trabajadores en el mercado de trabajo o a un cambio de diversos puestos.
Legislación laboral
“La evolución del empleo no se mide por la evolución de la legislación laboral, sino por el conjunto de decisiones de la economía y el sistema financiero”, explicó Gómez.
Para combatir la temporalidad, el ministró descartó que existan “soluciones mágicas”, como la propuesta de un contrato único al considerar que éste no ataca las “causas reales” de la temporalidad y tampoco acaba con la segmentación laboral. Además, dijo que de implantarlo, España sería el “único país” en contar con este tipo de contratos.
Moderación salarial
Gómez defendió reformas “claves” más allá de la materia laboral para potenciar la competitividad, como en el sistema financiero, y no caer sólo en la moderación salarial. “El mercado laboral puede ayudar, pero tiene que haber más reformas para ganar competitividad, no sólo en base a la moderación salarial”, argumentó.
Europa Press
