El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto social y económico del Covid-19. En el texto se implementan la mayoría de las líneas de ayudas a trabajadores, autónomos y compañías incluidas en el plan de choque acordado por el Consejo del Diálogo Social, así como las específicamente diseñadas para la industria cultural y el turismo. Asimismo, se establece una bonificación del 50% sobre la cuota de alquiler de viviendas de protección pública por un período de hasta 4 meses y la moratoria en el pago en los casos de compra. La norma con rango de ley tiene un impacto económico directo de 121,5 millones de euros y permitirá agilizar la concesión directa de subvenciones para atender las necesidades de empresas y ciudadanos en esta primera fase de la crisis.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es mitigar las consecuencias del golpe social originado por esta pandemia y apoyar al tejido productivo de la Comunidad (en particular a las pymes y a los autónomos) para favorecer el relanzamiento de la economía una vez se supere la emergencia sanitaria.
Para ello, la normativa validada recoge iniciativas para contribuir a generar confianza en las empresas; mantener y crear empleo y proteger a trabajadores, desempleados, familias y personas vulnerables. El impacto económico estimado de estas medidas se cifra en 121,5 millones de euros, de los que 115,9 millones serán ayudas a fondo perdido.
Iniciativas para las empresas
Conviene recordar que las iniciativas de ámbito general para las empresas y el empleo fueron consensuadas entre la Junta y los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social el pasado 25 de marzo. Su implementación ahora mediante un decreto ley obedece a su naturaleza extraordinaria y de urgente necesidad, y está amparada en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. De hecho, esta fórmula legislativa permite agilizar la asignación de subvenciones mediante concesión directa y simplificar la tramitación necesaria para ampliar los créditos presupuestarios que prestan cobertura.
El texto se estructura en seis capítulos. El primero expresa su objeto; el segundo detalla las medidas de protección y mantenimiento del empleo; el tercero recoge las específicas para los sectores de la cultura, el turismo y el deporte; el cuarto engloba las destinadas a la prevención de riesgos laborales; el quinto regula el pago de las cuotas de compra y alquiler de las viviendas de protección pública promovidas por la Junta y, por último, el capítulo sexto se centra en los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de las distintas acciones, lo que esencialmente se hará a través de los marcos institucionales permanentes de encuentro del Diálogo Social.
Asimismo, el decreto ley contiene dos disposiciones adicionales. En la primera se regula la aplicación del control financiero permanente para garantizar que se mantienen las debidas comprobaciones internas sobre el gasto hasta que la actividad administrativa retorne a la normalidad, sin que ello implique una ralentización en el funcionamiento de los servicios y prestaciones básicos. La segunda disposición clarifica la gestión de los créditos presupuestarios necesarios para la ejecución de las medidas. Por último, se incluyen tres disposiciones finales referidas a la habilitación para el desarrollo reglamentario y ejecución, a la entrada en vigor y a la vigencia de las iniciativas previstas en la norma.
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