Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, rubricó este lunes en el Colegio de la Asunción, en Valladolid, los primeros acuerdos del Consejo del Diálogo Social de la actual legislatura autonómica junto a Vicente Andrés y Faustino Temprano, secretarios generales de CCOO y UGT, respectivamente, y Santiago Aparicio, dirigente de la Confederación de Organizaciones Empresariales en Castilla y León (Cecale). Entre los acuerdos rubricados, se firmó el Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl) para 2020, que contará con un presupuesto de casi 165,3 millones de euros, el 4,4 % más que el año anterior.
Las medidas acordadas tienen como objetivo último impulsar la generación de nuevo empleo, más estable, de mayor calidad y más social, y su diseño responde a varios factores. El primero es la necesidad de hacer frente al actual escenario de desaceleración económica, para lo que se articulan nuevos incentivos a la contratación y al autoempleo (con especial atención a los autónomos), se refuerzan los programas de protección para colectivos vulnerables, y se redefinen los de formación del capital humano con el fin de lograr su mejor adaptación a las necesidades de las empresas y a un modelo productivo más competitivo.
En segundo término se tiene cuenta la realidad territorial de Castilla y León, lo que motiva la puesta en marcha de una Estrategia de Empleo Rural y Local con carácter transversal, con la que se pretende dinamizar la economía y el mercado laboral en los pequeños municipios y, con ello, contribuir a fijar población. Para ello, se intensifica el importe de las subvenciones dirigidas a proyectos empresariales y de emprendimiento que generen puestos de trabajo en el medio rural.
Reducir desequilibrios
Asimismo, con el reto de reducir los desequilibrios y avanzar en el grado de convergencia, se amplían los apoyos en zonas que requieren un impulso industrial y en aquellas afectadas por la reconversión de actividades productivas. Es el caso de los municipios mineros, donde se extienden las ayudas para ofrecer cobertura no sólo a los extrabajadores de la minería y las centrales térmicas, sino también a los de las compañías auxiliares.
En tercer lugar, el documento reafirma el compromiso del Diálogo Social con la igualdad de oportunidades. Por un lado, se consolida la perspectiva de género en todas las políticas activas de empleo, lo que implica reforzar las bonificaciones a las empresas para favorecer la plena inserción laboral de la mujer en condiciones equiparables a las del hombre y mejorar los incentivos a la conciliación.
Por otra parte, el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020 mantiene su atención preferente hacia los colectivos más vulnerables y los que encuentran más dificultades para encontrar un puesto de trabajo, como los mayores de 55 años, los jóvenes menores de 35, las personas con discapacidad, los parados de larga duración, los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, los emigrantes retornados, las personas sin prestación, en exclusión social y en riesgo de estarlo, entre otros.
Finalmente, cabe destacar que, por primera vez, el Papecyl rubricado por el Consejo del Diálogo Social se acompaña de un cuadro de incentivos, accesible en el portal web de la Junta, que reúne de forma integral y simplificada el amplio catálogo de ayudas que la Administración autonómica pone al servicio de la generación de empleo en Castilla y León. Junto a esto, el Gobierno de la Comunidad asume el compromiso de simplificar y agilizar su tramitación administrativa.
Ley Contra la Violencia de Género
Asimismo, el presidente autonómico incluyó en su intervención el acuerdo relativo a la Actualización de la Ley Contra la Violencia de Género de Castilla y León, su desarrollo Reglamentario y la Mejora de los Programas dirigidos a las Víctimas. “La lucha contra la lacra de la violencia de género es una prioridad irrenunciable de los firmantes”, según ha destacado.
Este acuerdo compromete la creación de un grupo de trabajo para el análisis y actualización de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. Según ha añadido Fernández Mañueco, esta labor se apoyará en un amplio proceso de participación social para poder contar con el mayor consenso posible.
Se adaptará la normativa vigente al Pacto contra la Violencia de Género, mejorando los programas existentes e incorporando nuevas iniciativas, especialmente en lo referente al ámbito laboral.
Castilla y León Económica
