Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda; Virgina Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León; e Iratxe García, eurodiputada, mantuvieron este miércoles un encuentro para abordar acciones que permitan trasladar a las instituciones europeas la oposición de ambos gobiernos a la deslocalización de empresas.
Del Olmo recordó que Vestas “presume de cuidar a sus trabajadores” y, como a todas las empresas, “le importa muchísimo su imagen”, razón por la que considera necesario que Europa, dado que es su ámbito de acción, conozca el “reprochable” modus operandi de este tipo de compañías, cuya decisión podría “dejar en la calle a más de 500 trabajadores”.
La consejera de Economía y Hacienda, además, aseguró que la noticia de Vestas supuso un “jarro de agua fría” y que, por el momento, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la empresa a los requerimientos de la Junta de paralizar el ERE y organizar una reunión.
Sin embargo, hasta que Vestas se pronuncie, “no hay certezas” y “se manejan todos los escenarios, incluso uno en el que la empresa no quiera reunirse”, aseveró Del Olmo, quien, aún así, “confía” en poder sentarse a negociar.
“Injustificable”
Por su parte, Barcones, cree que sería “injustificable” que Vestas no se sentase a negociar con los gobiernos central y autonómico para evitar el cierre de la factoría de la empresa danesa en Villadangos del Páramo (León). Confía en que haya “gestos de buena voluntad” por parte de la empresa, espera que el próximo lunes, 3 de septiembre, Vestas no presente ese ERE y que de “margen” a las instituciones a fin de poder activar todos los mecanismos para que continúe la producción en la planta de León.
Por su parte, mostró su compromiso a estudiar las posibles iniciativas que se puedan tomar en el Parlamento Europeo de cara a “aunar esfuerzos” y evitar el cierre de la factoría de Léon.
No obstante, indicó que primero se debe esperar una respuesta de la empresa y, si esta no es satisfactoria, entonces, se tomarán las medidas oportunas, que pueden variar desde el traslado de la situación al Pleno del Parlamento Europeo, dar a conocer el problema en forma de iniciativa ante la Comisión de Peticiones o registrar una pregunta ante la Comisión Europea para saber si la decisión de Vestas vulnera directrices en materia de responsabilidad social.
“Sin tener toda la competencia, la denuncia a nivel europeo puede tener un efecto de cara a la reputación de empresas que actúan en este territorio, un prestigio incompatible con la toma de ciertas decisiones a espaldas de los intereses de los trabajadores”, explicó la eurodiputada.
Otra de las cuestiones que García dará a conocer a la Comisión Europea es que la empresa, que se ha beneficiado de fondos europeos, “no puede obtener financiación pública mientras abandona su compromiso social”, al igual que “tampoco se puede consentir que empresas que no están en situación de pérdidas económicas, como es el caso de Vestas, se permitan cerrar plantas sin tener en cuenta el perfil social y la situación de los trabajadores”.
Castilla y León Económica / Europa Press
