Cajaviva, a través de la Fundación Caja Rural de Burgos, y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) firmaron este viernes un acuerdo para conocer cuáles son las tareas que las administraciones imponen al colectivo autónomo. “El objetivo es que este estudio nos permita conocer qué carga tiene el empresario en cuanto a las funciones y trámites que le obligan a disponer de tiempo, dinero y conocimientos al margen de la actividad que desarrolla profesionalmente”, indicó Ramón Sobremonte, director de esta entidad financiera.
Por su parte, Miguel Ángel Benavente, presidente de FAE, señaló que en muchas ocasiones la Administración “legisla igual para las grandes empresas que para las pymes y micropymes, sin diferenciar las características de cada caso”.
Según datos oficiales del tercer trimestre de 2015, cerca de 200.000 pymes españolas no han obtenido financiación para sus proyectos con los que podrían haber creado o mantenido 500.000 puestos de trabajo. La necesidad de aportar garantías y no poder hacerlo está detrás del 99,8% de las iniciativas que no obtuvieron un crédito. A esto hay que añadir que, en el 71,7% de los casos, la causa de esa denegación fue no presentar unas cuentas adecuadas.
Empresa tipo
La empresa tipo en España es una pyme del sector servicios con menos de 10 trabajadores que no llega a facturar 300.000 euros al año y que tiene margen de mejora en innovación y exportaciones. El estudio asegura que apenas un 7% registra actividad en este último ámbito.
En cuanto al destino de los fondos, las pymes solicitaron financiación para necesidades de circulante (71,8%). Casi un 30% de ellas no ha tenido financiación ajena, porque no ha llegado a solicitarla por diferentes motivos (15,4%), porque se la han denegado (6%), porque están a la espera de respuesta (3,7%) o porque las condiciones planteadas no eran las adecuadas (1,3%).
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