El creciente aumento de los ataques tecnológicos e informáticos contra empresas e instituciones ha elevado notablemente el interés por la seguridad, en especial en campos como la protección de datos confidenciales, la prevención del espionaje industrial y las fugas de información.
“Desde que creamos el Grupo NHS, hace ya 4 años, la demanda de estos servicios se ha incrementado un 30% anual, lo que pone de manifiesto una mayor concienciación por parte de los empresarios de los riesgos de este tipo a los que pueden verse expuestos”, asegura Javier Conde, director de esta firma vallisoletana, quien recuerda que a raíz de la evolución tecnológica, la proliferación de tiendas espía y el avance de Internet, “con una inversión muy pequeña, que puede oscilar desde 50 euros hasta miles de euros según el interés, se puede espiar a cualquier persona, empresa o institución”.
Barrido electrónico
El Grupo NHS, que cuenta con una plantilla de tres personas cualificadas en contraespionaje, se ha especializado en la realización de barridos electrónicos al más alto nivel, que consiste en la búsqueda de sistemas de captación ilegal de información, como micrófonos ocultos, grabadoras de audio, pinchazos telefónicos en red y VOIP, interceptación wifi y localizador gps, mediante los últimos equipos de detección existentes en el mercado.
“Tanto es así, que somos capaces de identificar tarjetas SIM, grabadoras de tamaño muy reducido capaces de almacenar información y enviarla vía wifi en 14 segundos y otras con tres meses de autonomía del tamaño de una moneda de euro, micrófonos activos que emiten constantemente y otros pasivos o dormidos que entran en funcionamiento según la conveniencia, dispositivos de captación de todo el tráfico de la red interna de una empresa y análisis de vulnerabilidades” indica Conde, quien añade: “podemos localizar rastros o evidencias clandestinas. Esta medida se aplica como medida preventiva ante reuniones y entrevistas que exigen confidencialidad o ante la sospecha de fugas de información. Se realiza tanto en vehículos como en oficinas y domicilios particulares”.
Más información en el número de mayo de la revista Castilla y León Económica