Las asociaciones eólicas de Castilla y León, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Estremadura y Galicia consideran urgente que exista una mayor coherencia entre la regulación que se dicte desde el Gobierno central y la de las distintas comunidades autónomas, además de definir el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Así lo expresaron durante una reunión a la que acudieron convocados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para debatir sobre la situación del sector y encontrar nuevas vías de colaboración y diálogo.
“Es importante que la norma se base en el sistema actual -que ha funcionado bien-, que tenga en cuenta las características diferenciales del sector eólico y que garantice la rentabilidad razonable de los proyectos”, coincidieron en señalar los presentes, así como que el nuevo PER contenga, al menos, los mismos objetivos que el PANER enviado a Bruselas el pasado año: de 35.000 MW de eólica terrestre y 3.000 MW de eólica marina en 2020. El sector considera este objetivo “poco ambicioso -supondrá moderar su ritmo de crecimiento frente al de la pasada década-, pero razonable en la coyuntura actual”.
En lo que respecta a la coordinación entre la normativa de la Administración central y las autonómicas, las eólicas denunciaron las dificultades que encuentran para aumentar su competitividad en un contexto en el que las autonomías aumentan las contraprestaciones que piden vía concursos a la vez que implementan nuevas herramientas fiscales, como el canon eólico de Galicia y Castilla-La Mancha. El sector considera que estos nuevos impuestos son “innecesarios y ponen en riesgo el atractivo inversor de las comunidades autónomas que los implantan”.
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