José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero delegado de Nueva Rumasa, anunció que algunas de las empresas propiedad de la familia solicitarán en los próximos días la entrada en concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, aunque no precisó cuáles y sólo indicó que queda al margen de este procedimiento la división hotelera Hotasa, cuyos hoteles tiene a la venta. Además, aseguró que el holding empresarial emprenderá acciones legales de todo tipo, entre ellas la presentación de una querella, contra el Santander, entidad a la que culpa de su situación “extrema”, dado que era su principal banco financiador y “de la noche a la mañana cortó cualquier vía de comunicación” con sus empresas.
Según detalló, Santander tiene alrededor del 50% del riesgo bancario del grupo, con 280 millones de euros en créditos, que se elevan a 330 millones contando los de Banesto. “Vamos a actuar de forma implacable, porque es muy responsable de todo lo sucedido en Nueva Rumasa”, apuntó el ejecutivo, que avanzó su intención de personarse e investigar “todas y cada una de las causas que el banco tiene abiertas, como Madoff, Lehman Brothers o Banif”. Con este propósito, anunció la creación de una “plataforma internacional de perjudicados por el Santander y la entidad Morenés & Botín”.
Ruiz-Mateos afirmó que la entidad que preside Emilio Botín cortó el crédito a Nueva Rumasa pese a tener garantizado continuar con ello en el futuro, obligó a la cancelación de 200 millones de euros sobre un riesgo total de 400 millones y “coaccionó” al grupo para la venta de activos, fundamentalmente solares, a la mitad de su valor. En un documento entregado durante la rueda de prensa, Nueva Rumasa avanza, entre otras medidas, que solicitará al Banco de España el cese de Alfredo Sáenz como consejero de cualquier entidad bancaria y una querella criminal contra los representantes del Banco Santander por cualquier retribución que puedan realizar una vez publicada la sentencia.
“Nuestro principal error ha sido querer mantener el empleo“, apuntó el directivo durante la rueda de prensa, que indicó que Nueva Rumasa tiene previsto diseñar un plan de viabilidad para cada una de las empresas y que tendrá que acometer una reestructuración de personal que, en cualquier caso “no será excesiva”.
Sin fondo inversor
Tras responsabilizar al Santander, junto con la incidencia de la crisis, de las “tensiones de liquidez” de Nueva Rumasa, el consejero delegado explicó que después de que 29 sociedades de la familia entraran en fase preconcursal, han negociado con fondos y con compañías interesadas en comprar algunas de sus empresas, así como con grupos que han propuesto alianzas. Sin embargo, consideró que, como el preconcurso no impide que siga habiendo actuaciones ejecutivas por parte de acreedores y la situación de tesorería de las empresas “ha empeorado”, han considerado que la mejor forma de alcanzar acuerdos es en el marco de un proceso concursal.
En relación al fondo Oaktree Capital, sólo dijo desconocer que, como afirman fuentes del mercado, esta firma descarte realizar una inversión. No obstante, la firma estadounidense considera que no ha recibido una información adecuada sobre el grupo empresarial y que, en todo caso, entrar en su capital no sería una operación rentable.
Sin hechos unibles
Además, el abogado del grupo, Joaquín Yvancos, presente en la rueda de prensa junto al propio Ruiz-Mateos, aseguró que no existe “nada unible” en la investigación que desarrolla la Fiscalía sobre las emisiones de pagarés ni en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia en Clesa -empresa con fábrica en Castilla y León-.
En relación con la prórroga de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, José María Ruiz-Mateos dijo sentirse “muy tranquilo”. “Cuando nos llamen, iremos”, subrayó, antes recalcar que la Fiscalía “lleva un año investigando y no ha obtenido nada. No creo que haya nada punible”. Según aseveró, los fondos obtenidos con las emisiones se destinaron a inversión, “que no es una compra necesariamente, puede ser inversión en fondo de maniobra, en publicidad o en I+D”. Además, afirmó que la emisión de pagarés a través de Carcesa “está amortizada en todo su capital en un 80%”.
Los inversores particulares temen lo peor
Mientras Ruiz-Mateos defiende la actuación de Nueva Rumasa, los abogados de los inversores afectados prevén que todas las empresas del holding declaren el concurso de acreedores en los próximos días, después de conocer que algunas de las sociedades van a solicitar la antigua suspensión de pagos ante los juzgados. “Lo natural es que el resto de empresas caigan en los próximos días”, afirmó el letrado de V Abogados Santiago Viciano, que representa a más de un centenar de inversores que acudieron a las emisiones de pagarés y a las ampliaciones de capital del grupo.
Según advirtió, los inversores que acudieron a las ampliaciones de capital son los que menos probabilidades tienen de recuperar el dinero, porque al adquirir estas participaciones se convirtieron el socios de las empresas, lo que les sitúa en último lugar para cobrar. Respecto a los inversores que adquirieron pagarés, el abogado explicó que éstos se convertirán en acreedores ordinarios, lo que les sitúa en tercer lugar de cobro detrás de las entidades financieras y las administraciones públicas.
Por su parte, el abogado de Iure Abogados David Magdalena explicó que esta declaración de concurso beneficiará a las entidades financieras, que serán las primeras en poder ejecutar los bienes que tienen en garantía para sus créditos. Además, Magdalena consideró que con la declaración de la suspensión de pagos y el nombramiento de 3 administradores concursales para gestionar las empresas “se aumentará el control” sobre la situación en la que se encuentran. Por último, recordó que la declaración concursal no supone una paralización de la actividad de las empresas, por lo que esperó que los administradores sean capaces de mantener su viabilidad.
Europa Press / Castilla y León Económica
