La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cederá entre 1.500 y 2.000 viviendas de su cartera de inmuebles a las comunidades autónomas con el fin de destinarlas a alquileres asequibles, según acordó su Consejo de Administración.
El organismo que preside Belén Romana no puede aportar inmuebles al Fondo Social de Viviendas creado por el Gobierno, las entidades bancarias y los ayuntamientos a principios de año para dar acogida a familias que hayan sufrido un desahucio.
Por ello, colabora con las comunidades autónomas para facilitar el alquiler de viviendas a precios asequibles en el marco de su política de responsabilidad social. La tarifa a pagar por cada inmueble dependerá de la zona en que esté ubicada la vivienda y los términos que se firmen en el convenio con las administraciones regionales.
De este manera, cada Gobierno autonómico podrá ofrecer una serie de inmuebles a personas que lo necesiten y financiará parte de la renta que se acuerde a través de sus propios planes de ayuda pública.
Cesión temporal
“La idea es que la entrega de la vivienda se va a articular como cesión temporal”, señalaron fuentes de la sociedad de gestión de activos, que han precisado que el programa “tendrá un coste reducido, por lo que no va a poner en riesgo la viabilidad del proyecto de Sareb”.
Entre las condiciones que se negociarán con las comunidades autónomas se encuentra una que establece que las administraciones regionales deberán devolver la vivienda cuando establezca el convenio con el fin de que la Sareb pueda continuar con su plan de desinversión.
“Se trata de una iniciativa en la que Sareb trabajaba desde hace tiempo. Queríamos contribuir a paliar el problema de la carencia de vivienda, pero sin alejarnos del mandato que nos ha sido encomendado. Precisamente estos convenios nos permitirán cumplir nuestra tarea y a la vez apoyar a las comunidades autónomas en su labor social”, afirmó Belén Romana.
La presidenta del banco malo ha precisado que los interlocutores de la institución serán las administraciones regionales, que son la que, junto con los ayuntamientos, “tienen la responsabilidad de favorecer el acceso a una vivienda digna a los grupos de población más desfavorecidos”.
Castilla y León Económica / Europa Press
