Un rescate indeseado

La COVID-19 ha agitado todos los cimientos en los que se basaba una sociedad que, pese a los avances tecnológicos y económicos de las últimas épocas, no ha sabido reaccionar a tiempo a una pandemia que ha liberado los peores fantasmas del siglo XXI. Pero, por otra parte, también ha removido nuestras emociones más internas para sacarlas a la luz y dar apoyo al prójimo, ese que durante años parecía no existir, salvo que una plataforma como Instagram o Facebook nos dijera que era tendencia.

Pero en estos momentos, el término ‘rescate’ ha pasado de ser algo encomiable a un problema que, aunque hipotético, es singularmente complejo y duro. Hablamos, como no podía ser de otra manera, del rescate económico; un rescate indeseado.

En la crisis de 2008, la Unión Europea rescató a Grecia, Irlanda y Portugal. Los tres países se convirtieron en abanderados de un proyecto con fecha de caducidad, en el que el gasto no se correspondía al ingreso y en el que la ‘burbuja inmobiliaria’ explotó en la cara de unos dirigentes sobrepasados por la magnitud del problema.

El escenario actual es desalentador, con un nivel de deuda pública que no se había visto desde hace más de un siglo, una previsión de desempleo con picos muy altos y la propia incertidumbre por la crisis sanitaria, la cual se desconoce si podría volver a rebrotar en otoño. Pese a estos ingredientes, el rescate económico no es todavía una realidad, pero sí algo que conviene tener en cuenta.

Unión Europea

Los españoles se preguntan, en estas últimas semanas, qué supondría para el país una intervención de la Unión Europea. Primeramente hay que tener claro que la Unión Europea está regulada bajo el marco de una legislatura en la que cada país tiene que cumplir con unas condiciones para conseguir, paso a paso, la solidez de un grupo que comparte moneda, sentimientos y objetivos. Aunque conviene recordar las ultimas realidades de algunos países como la actual situación con Gran Bretaña, con el brexit de fondo; el rescate económico de Grecia, donde la población pagó los desfases de la clase dirigente; o los actuales rompecabezas entre los países del norte y del sur.

La realidad es que una intervención supone la pérdida de la soberanía nacional para un pueblo, que ve como los agentes intervinientes regulan un programa financiero con unos límites muy estrechos, en los que el propio país no puede dar ni un solo paso sin tener que justificarlo.

Las medidas que se tomaron en el rescate de Grecia, Portugal e Irlanda no varían en exceso respecto a las soluciones que se propondrían en la actualidad. Los grandes damnificados serían, de nuevo, los funcionarios públicos, que verían muchos de sus puestos en peligro y, por supuesto, una reducción de sus ingresos.

Pensiones

Pero no solo los funcionarios se verían seriamente afectados, sino que los jubilados también pueden ver cómo disminuyen sus pensiones. En este aspecto, la jubilación, tal y como la conocemos, podría verse ‘desmontada’ a fin de crear un nuevo sistema en el que la edad de finalizar el trabajo aumentara, algo que ya propuso la Unión Europea a Grecia en 2010, al igual que el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos al objeto de llenar las arcas del Estado.

La rígida disciplina fiscal que surgiría afectaría al estado del bienestar y a la riqueza del ciudadano, lo que unido a una desorbitada deuda pública dejaría al país sin fondos para reactivar la economía.

Por otra parte, los datos con los que trabaja el Gobierno no tienen nada que ver con los que hace unos días presentaba la AIReF. La Autoridad cuenta con unas pérdidas recaudatorias de más de 46.000 millones de euros y un gasto de 37.700 millones, mientras los del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez presentan unas cifras muy distantes, con 26.000 millones de pérdidas y 30.700 millones de gasto.

El descuadre entre las cifras es público y notorio, por lo que para evitar un rescate, la Unión Europea exigirá primeramente unas cuentas claras y concisas, sin ningún tipo de trampa. Estamos ante una situación crítica, donde la transparencia juega un papel transcendental en el devenir de la nación.

Necesitamos, por tanto, la movilización de nuestros dirigentes políticos en pos de acuerdos y beneficios para la sociedad en general, donde los ciudadanos son los grandes afectados de esta terrible situación. La salida sanitaria, económica, social y política sería mucho más sencilla si todos ponemos de nuestra parte. El Gobierno debe tomar en este momento el timón, sin especular con las medidas necesarias para garantizar la seguridad del país, logrando una rápida recuperación, y anteponiendo el sentido común al sentido ideológico logrando evitar un rescate que empobrecerá a los ciudadanos y desestabilizará a las nuevas generaciones de españoles.