Por tercera vez en la historia de la comunidad autónoma, Castilla y León tiene unas Cuentas Públicas prorrogadas, con el agravante de que tal vez este año sea un ejercicio presupuestario perdido por el calendario electoral y la incertidumbre del resultado en las urnas.
La actual situación deteriora la evolución económica de la región al dejar con escasa capacidad inversora a la Junta de Castilla y León, que es la principal locomotora para dinamizar el tejido empresarial si tenemos en cuenta su potencial para movilizar recursos ya que los presupuestos de 2018 contemplaban una partida de casi 621 millones para consolidar la recuperación económica y el empleo y más de 207 millones para apoyar a las empresas con ayudas, tanto de carácter financiero como a fondo perdido, a los que hay que sumar casi 25 millones destinados a suelo industrial.
En 2012 y 2017 Castilla y León también tuvo que prorrogar sus presupuestos durante la primera mitad de esos ejercicios. El primer caso fue motivado al adelantar Zapatero las elecciones generales al 20 de noviembre de 2011 y no hubo Presupuestos Generales del Estado de 2012 hasta junio de ese año, ya diseñados por el Gobierno Rajoy gracias a una histórica mayoría. Un mes más tarde, las Cortes Regionales dieron luz verde a las Cuentas de Castilla y León.
Situación similar
Hace 2 años se vivió una situación similar al prorrogarse los presupuestos de 2016 pues el Gobierno Rajoy, ya en minoría, tuvo que esperar hasta el 31 de mayo para poder sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 después de duras negociaciones para incluir enmiendas parciales pactadas con otros 6 partidos. A finales de junio de 2017, el Parlamento autonómico avaló las Cuentas Regionales.
Y llegamos a 2019, donde también tenemos una prórroga de los Presupuestos, pero con 2 singularidades respecto a los anteriores episodios. En primer lugar, el Gobierno Sánchez se ha visto obligado a convocar elecciones generales para el próximo 28 de abril al ser incapaz de negociar los apoyos suficientes para sacar adelante un proyecto con unas cifras más propias del realismo mágico (según apuntan el Banco de España, la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal); y en segundo lugar, este año coincide con comicios autonómicos el 26 de mayo, con lo que el calendario juega en contra de la posibilidad de tener unas Cuentas Regionales.
Al margen de lo que ocurra en el ámbito nacional, en Castilla y León será casi imposible aprobar un proyecto presupuestario si tenemos en cuenta que las Cortes Regionales se disuelven casi 2 meses antes de la cita con las urnas. El nuevo Parlamento autonómico no se constituirá hasta finales de junio y otro cantar será la composición del nuevo Ejecutivo castellano y leonés, teniendo en cuenta el incierto resultado, donde es casi imposible que un partido obtenga la mayoría absoluta.
Alianzas
Por lo tanto, el nuevo Gobierno regional saldrá de la alianza de 2 o más fuerzas políticas, con las consiguientes negociaciones para designar al presidente y al resto del Equipo de Gobierno. Con este panorama, lo más seguro es que no haya Ejecutivo autonómico hasta mediados o finales de julio.
Parece poco probable que sus señorías se enzarcen en negociar un presupuesto agonizante en el tórrido y vacacional agosto, que sólo tendrá vigencia como mucho durante el último cuatrimestre, por lo que se centrarán en diseñar las Cuentas Regionales de 2020. Es decir, por primera vez Castilla y León gestionará todo un ejercicio con los presupuestos de un año anterior.
Cuentas prorrogadas
Con unas Cuentas prorrogadas, sólo se atienden partidas y proyectos plurianuales que ya estaban previstos desde el pasado año, sin poder afrontar nuevos planes, con el agravante del aumento de los gastos corrientes de la comunidad autónoma por las subidas salariales y el incremento de otras facturas recurrentes, con lo que queda menos dinero para inversiones productivas.
Por lo tanto, durante el presente ejercicio tendremos atascada la maquinaria inversora de la Administración regional para dinamizar nuestra economía, con repercusiones muy negativas para cientos de empresas y autónomos en una complicada coyuntura donde empieza a ser evidente la desaceleración económica.
