En poco tiempo, 3 empresas familiares de Castilla y León, líderes en sus sectores, han pasado a manos de grupos cuya sede se encuentra fuera de nuestra comunidad autónoma (en el caso de 2, incluso en el extranjero), es decir, los centros de decisión se han trasladado a otros territorios. Estamos hablando de 3 compañías cuya facturación global roza los 1.400 millones de euros, con una plantilla conjunta de casi 1.400 trabajadores.
Como me comentaba una persona cercana a estos empresarios, el problema de estas operaciones, en las que las 3 firmas pasan a integrarse en corporaciones de mayor tamaño, es que pierden su implicación accionarial con nuestra comunidad autónoma, y en caso de futuras dificultades, las fábricas ubicadas en nuestro territorio pueden ver peligrar su futuro al romperse el lazo emocional de la propiedad con nuestra región.
Esto no siempre es así, incluso puede ocurrir lo contrario, como en el caso de Philips, que se hizo con el control de la empresa familiar Indal, y que después de esa adquisición ha potenciado su fábrica de Valladolid gracias a la acertada gestión del joven equipo directivo español.
Pero lo cierto es que los negocios con apellido, dada su vinculación con el territorio que los vio nacer, tienen una mayor vocación de permanencia en su tierra. Para sus propietarios, la plantilla no son números, sino personas con nombres y apellidos y saben el drama que provoca un cierre o una deslocalización en una región que no anda sobrada de dinamismo empresarial y cuyo principal reto es la galopante despoblación.
Conozco varios casos de empresarios familiares que han luchado más allá de toda lógica económica para mantener su negocio con el fin de evitar el empobrecimiento de una zona y el despido de empleados.
En encuentros informales con algunos de los principales empresarios familiares de Castilla y León, apuntan que se encuentran en tierra de nadie porque existe un firme apoyo público a las multinacionales ubicadas en nuestra región y una moda por respaldar a los nuevos emprendedores, mientras que apenas son consideradas las empresas medianas.
Como me comentaron recientemente, ¿cuántos emprendedores tienen que tener éxito para crear los casi 1.400 empleos de las 3 empresas familiares que han sido compradas? Denuncian estos hombres de negocio que deben competir en un entorno que posee, entre otras desventajas, una alta posibilidad de sufrir una inspección de la Agencia Tributaria ya que en Castilla y León, en cuanto alcanzas una determinada facturación, tienes casi garantizada la visita de los inspectores de Hacienda un año sí y otro también, algo que no ocurre si la sede está domiciliada en Madrid al pasar más desapercibidos por el mayor tejido empresarial; una elevada carga fiscal si se compara con otras comunidades autónomas limítrofes; una excesiva burocracia; una selva de normativas aplicadas con celo por fundamentalistas funcionarios; o una nula discriminación positiva hacia las empresas locales en las licitaciones de las administraciones públicas de Castilla y León dentro de la legalidad, tal como hacen en otras regiones.
Ése es el escenario en el que se desenvuelven las empresas familiares de nuestra comunidad autónoma, que después de superar la dura travesía de la crisis en la que algunas se quedaron por el camino, están acometiendo el objetivo estratégico de aumentar de tamaño.
Debemos de reflexionar sobre el hecho de que de los 10 presidentes de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) en sus 21 años de historia, 4 han vendido sus empresas y otro estuvo a punto de cesar su actividad. Y eso que estamos hablando de compañías que eran líderes en nuestra región, imagínense la agónica lucha de las más pequeñas para mantenerse activas en nuestra comunidad autónoma.
