En marzo de 2018 entrará en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, motivada por las exigencias de las directivas comunitarias, que entre otras novedades introducirá más transparencia, facilitará el acceso de las pymes a esa gran tarta presupuestaria, reducirá la burocracia, dejará de priorizar la oferta más barata (una práctica que en España ha tenido unas consecuencias desastrosas al generalizarse las propuestas temerarias con la consiguiente pérdida de calidad de las obras, los posteriores modificados al alza, la quiebra de numerosas adjudicatarias y el hundimiento de las constructoras más éticas) para favorecer la mejor relación calidad-precio y tendrá en cuenta criterios sociales, laborales y medioambientales, entre otras medidas. Estamos hablando de un texto legal que, de aplicarse eficazmente, cambia las reglas del juego de un sistema de contratos públicos que representa alrededor del 20% del PIB en España.
Si hay un sector que necesita un nuevo escenario normativo, y también una nueva política económica, aún por diseñar, es el de la construcción, cuya caída libre desde la crisis todavía no se ha frenado. Las causas están más que analizadas: drásticos recortes de la inversión pública de las administraciones estatal, autonómicas, provinciales y municipales, desplome del mercado inmobiliario y cierre del grifo de la financiación, a lo que habría que añadir motivos endógenos como gestiones erráticas en la pasada época afiebrada con inversiones temerarias, crecimientos descontrolados con fuertes cargas financieras y casos de enjuagues con los poderes políticos que han desencadenado procesos judiciales, algunos muy mediáticos.
Como reflejo de ese descenso a los infiernos, en la actualidad sólo una constructora se encuentra entre las 100 mayores empresas de Castilla y León, cuando en 2007 eran 16, es decir, llegaron a representar el 16% de las compañías más grandes de nuestra comunidad autónoma. Esas empresas eran, y por orden de facturación, Grupo Begar, Parquesol, Arranz Acinas, Volconsa, Grupo MRS, Collosa, Ciudad de la Comunicación de Valladolid, Grupo Río Vena, Diursa, Aragón Izquierdo, Grupo Herce, Zarzuela, Insa, Agrupación de Empresarios Leoneses de la Construcción, Urbelar y San Gregorio. Un alto porcentaje ha desaparecido, llevándose por delante a cientos de empleos y de proveedores, y otras han conseguido sobrevivir ajustando su tamaño a las nuevas circunstancias.
No conozco un sector que haya sufrido tanto en la última década (bueno, tal vez el de los medios de comunicación, pero no quiero pecar de victimismo). En la actualidad, sólo se mantienen un puñado de constructoras gracias a una drástica reestructuración, una diversificación acertada y una internacionalización prudente en países como Perú, Chile, Marruecos, Polonia, Colombia e incluso Qatar.
La nueva Ley de Contratos Públicos, si se aplica sin trampas, servirá para consolidar a las constructoras que se rigen por criterios de calidad, espantará a muchos piratas del sector e impulsará una actividad que es crucial para el desarrollo y competitividad de nuestra economía. Y de paso recuperará la imagen y el prestigio de un sector denostado durante la última década. De ser perseguidos por los bancos para financiar sus promociones inmobiliarias y obras, de salir en la Prensa rodeados de políticos en las inauguraciones de infraestructuras o edificios y de recibir jabonosos elogios en círculos empresariales, los constructores pasaron a ser tratados como malditos y apestados. Es hora de poner en valor a quienes sobrevivieron a la hecatombe aplicando una gestión profesional y ética.
Aunque la intención de Ley sea buena, en la práctica va a dar lugar a mas “pelotazos” y adjudicaciones a los “amiguetes”.