En 1932, un periodista (¡quién iba a ser si no!) le preguntó a Keynes si había existido en la historia una crisis similar a la de ese momento. El agudo economista le contestó: “sí, se llamó Alta Edad Media y duró 400 años”. Lo que no dicen las crónicas es cómo durmió esa noche el gacetillero. Espero que la actual dure menos, aunque ya nadie se atreve a vaticinar el fin de la misma porque, cada que se ve la luz al final del túnel, tenemos un nuevo apagón. Durante las últimas décadas, la receta clásica para hacer frente a una severa caída en la actividad económica ha sido la estimulación de la demanda por parte del Gobierno mediante medidas como recortar impuestos (aquí hemos aumentado la presión fiscal), incrementar la inversión pública (España ha malgastado el dinero con actuaciones estériles como el Plan E que han disparado el déficit público hasta dejar vacía la caja del Estado sin apenas tener efectos dinamizadores) y reducir los tipos de interés (decisión que ya no depende de nosotros). Es decir, ninguna de las tres recomendaciones de libro han llegado a funcionar en nuestro país.
Con otro agravante, no se atajó a tiempo el origen de la recesión, localizada en el sistema financiero. Aunque luego se emprendió una tímida y lenta, muy lenta, reestructuración del negocio bancario, el daño ya estaba hecho. Bancos y cajas cortaron el grifo de la financiación a las empresas, quienes de esta forma no pudieron conseguir el capital circulante necesario para mantener su actividad ni tampoco afrontar nuevas inversiones para su expansión. Esta asfixia financiera provocó que muchos negocios se declararan en quiebra, lo que, aparte de agigantar el paro, dañó el balance de las entidades financieras, quienes a su vez, y al ver multiplicada su morosidad, recortaron aún más sus créditos para mantener su mermada solvencia, con lo que las escasas empresas activas tenían -tienen- más dificultades para acceder a la financiación externa; y así el círculo se cierra cada vez más.
De la Gran Depresión, muchos expertos afirman que se agravó por las erróneas decisiones de gobiernos y bancos centrales, quienes con sus medidas no sólo no frenaron la caída, sino que la agudizaron. Vistas las actuaciones del anterior Gobierno español y de una UE escorada hacia los intereses germano-franceses, ¿no estará pasando lo mismo en la Europa periférica?
Dicen que el arte de la política es saber gastar los recursos públicos, al menos antes, porque ahora la destreza está en saber recortar los escasos y menguantes fondos. Y en esas decisiones, tomadas a todos los niveles -comunitario, estatal y autonómico- nos jugamos mucho. Aunque numerosos políticos tienden a emplear la argucia de lo que en la City se dice del Banco de Inglaterra (“no dar nunca explicaciones y no pedir nunca disculpas”), la situación es tan angustiosa que nuestros gobernantes están obligados a exponer con transparencia sus planes para reducir la inflación administrativa, decir por qué priorizan unos recortes sobre otros y aclarar cuántos euros nos ahorramos, de verdad, con esas medidas.
Por ejemplo, en los últimos meses nos repiten como un mantra la frase “no tocaremos los servicios sociales”. Desde luego que nadie quiere que se reduzcan las coberturas sociales, pero de ahí a no hacer nada hay un abismo. En educación y sanidad, que son las áreas que se comen el mayor porcentaje del pastel presupuestario de Castilla y León -hasta el 64% en las Cuentas Regionales de 2011-, abundan los oasis de ineficiencia, gasto desbocado y estructuras sobredimensionadas. De acuerdo, mantengamos los servicios sociales, pero mejoren su gestión, terminen con el despilfarro y controlen los costes de dudosa justificación.
“Hasta ahora, gestionar los presupuestos era ilusionante, porque diseñabas programas acompañados de inversiones. Eso cambió, porque ahora tenemos que recortar gastos y con esa decisión ponemos en peligro empleos y la actividad de empresas y autónomos que prestaban ese servicio. Antes gestionábamos números, ahora dramas personales”, me comentó consternado un alto cargo de la Junta de Castilla y León. Por eso mismo, es el momento de que planifiquen con acierto sus políticas y, sobre todo, midan sus consecuencias, porque de esas decisiones dependerá el bienestar social y el desarrollo económico de Castilla y León para las próximas décadas. Y si les tiembla el pulso, recuerden la histórica frase de, otra vez, Keynes para justificar la aplicación de drásticas medidas en las economías con problemas: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”.
Artículo de opinión publicado en el número de enero de la revista Castilla y León Económica
