Después del paréntesis electoral, ha llegado el momento de que nuestros gobernantes metan el bisturí a fondo en una sobredimensionada administración pública, que aumentó su estructura durante los años de bonanza, pero que luego apenas ha sido reestructurada para evitar el descontrolado alza de su déficit porque había unas elecciones municipales y autonómicas a las vuelta de la esquina. Ahora que ya hemos celebrado nuestro ritual democrático con las urnas, los cargos públicos, que ya tienen garantizado su empleo al menos durante otros cuatro años, deben aprobar medidas drásticas sin que les tiemble el pulso. Durante la época de pujanza económica, cuando los ingresos públicos vía tasas crecían ejercicio tras ejercicio, los gobiernos regionales, ayuntamientos y diputaciones se dedicaron con esmero a aumentar el sector público mediante la creación de sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones, que casi siempre son deficitarias. Con esos entes, los gobernantes consiguen manejar unos fondos fuera de las cuentas públicas y además no computan como déficit; y de paso, para qué negarlo, buscan empleo a los allegados más torpes, incapaces de buscarse la vida en la empresa privada o de aprobar unas oposiciones.
Ese conjunto de organismos no sólo se constituyeron con unas funciones bastante difusas, sino que además duplicaron servicios, compitieron en algunos casos con el sector privado y desarrollaron actividades de dudoso beneficio para la sociedades con el único fin de justificar su existencia y generar empleo para los susodichos zotes (conozco casos muy ofensivos en esta época de altas tasas de paro; lo peor no es que les metan enchufados, lo sangrante es que luego no hacen nada para mercer la nómina y se tocan las narices con total impunidad). El resultado de ese desmadre es que las comunidades autónomas cuentan con 2.386 entidades públicas, con una deuda superior a los 17.000 millones de euros. No se trata de echar la culpa a las autonomías del elevado déficit de nuestro país, generado por otros motivos, pero tampoco se puede pasar por alto este descontrol.
Etapa de reestructuración
Y en esto llegó la crisis, que se alargó más de lo previsto, y gobiernos regionales, diputaciones y ayuntamientos se encontraron con un fuerte descenso de sus ingresos, mientras que debían de hacer frente a los elevados gastos fijos ocasionados por el sobredimensionamiento de sus estructuras, con lo que eran incapaces de recortar las crecientes pérdidas. Esa situación, en una empresa privada, tiene dos alternativas: o cese de actividad o fuerte reconversión. En el ámbito público no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, entre otras causas porque los efectos de la crisis se notaron especialmente en 2008 y 2009, por lo que ningún gobernante autonómico, provincial o municipal se atrevió a tomar medidas drásticas a sólo dos años vista de las próximas elecciones. Como ahora tenemos cuatro ejercicios por delante, ha llegado el momento de que los gobernantes piensen más como gestores que como políticos, porque de lo contrario la situación les estallará en las manos, como ha ocurrido con el Gobierno catalán, que anunció recientemente el despido de más de 1.000 trabajadores de sus 253 empresas públicas.
El caso de Castilla y León no es tan grave como en otras partes de España (Andalucía posee 369 entidades) ya que nuestra Administración autonómica sólo cuenta con 19 empresas públicas, que este año pasarán a 16 tras la fusión de algunos de estos entes. Aún así, se puede ajustar más su estructura, compuesta por 93 entidades públicas (si añadimos consorcios, fundaciones y sociedades participadas según el Inventario de Entes de las Comunidades Autónomas) pues este holding se creó con otro escenario económico. Y lo mismo podríamos decir de las administraciones locales y provinciales, que cuentan con una legión de organismos de dudosa utilidad.
Para cuadrar el balance del sector público, a nuestros dirigentes no les queda otro remedio que meter el bisturí para reducir el déficit, dado que al encontrarse ante una economía con un crecimiento plano va a ser difícil que aumenten sus ingresos vía tributos o tasas; a no ser que hagan como un personaje de Voltaire, a quien se le ocurrió como fórmula poner impuestos sobre la inteligencia. “Todo el mundo se dará prisa en pagar, porque nadie querrá pasar por necio”, argumentó. Y el ministro le dijo: “os declaro exento de esa tasa”.
Artículo de opinión publicado en el número de junio de la revista ‘Castilla y León Económica’.
