Castilla y León presume de tener unos presupuestos sociales, pues las partidas para este ámbito concentran el 69% del total, es decir, 6.914 millones de euros (más de un billón de las antiguas pesetas, para que nos entendamos); mientras que el segundo capítulo con más fondos son los apoyos a las actividades económicas, que se llevan el 24% de la tarta presupuestaria, con 2.934 millones. Nadie discute la idoneidad de ese perfil social de las Cuentas Regionales, pero otra cosa es saber cómo se gastan. En 2011, las arcas de la región experimentarán la mayor merma en su cuantía global, con un descenso del 5% respecto al presente ejercicio, debido a los menores ingresos procedentes del Estado y de la UE y por la crisis económica. Por lo tanto, ha habido que meter el bisturí en todas las consejerías (que se lo digan a Medio Ambiente o a Fomento, con un tijeretazo superior al 28%).
De esta criba, se han salvado 2 áreas consideradas sociales, que son Sanidad y Educación. La primera gestiona el 40% del gasto de todas las consejerías hasta acaparar 3.453 millones; y la segunda dispone de unos recursos de 2.102 millones. Mientras que el resto de las partidas presupuestarias contarán con menos fondos en 2011, Sanidad aumenta un 6,5% el gasto de funcionamiento de hospitales y centros de salud; y Educación incrementa un 6,3% los costes de funcionamiento y servicios de la enseñanza pública. Hasta aquí, nada que objetar, porque todos queremos el mejor sistema sanitario y educativo, excelentes médicos y brillantes profesores.
Otra cuestión es cómo se gestiona esa ingente cantidad de recursos. Cuando la economía avanza a velocidad de crucero, no pasa nada pues hay dinero para todas las políticas, pero cuando se entra en una profunda y alargada crisis, llega la hora de los recortes y el dinero que se invierte en un sitio, deja de ponerse en otro. Por primera vez, Sanidad y Educación disfrutarán de unas partidas que han tenido que ser quitadas de otro área; por eso hay que ser más exigentes que nunca respecto a la gestión de esos fondos públicos, aunque estemos hablando de escuelas, universidades, centros de salud y hospitales, en los que habrá que empezar a aplicar una gestión eficiente si queremos optimizar el sacrificio realizado en las inversiones en otros ámbitos, como infraestructuras.
Las cuentas sobre la mesa
Algunas comunidades autónomas como Andalucía están empezando a enseñar a los pacientes las denominadas facturas sombra con información sobre el coste del tratamiento al que han sido sometidos. Así, intentan concienciar a los usuarios sobre el precio de las intervenciones, porque una cosa es que tengamos una sanidad pública universal y otra que sea gratis, porque al final lo pagamos de nuestros bolsillos vía impuestos. Además, se intenta convencer a los ciudadanos de que no abusen de estos servicios para contener el gasto sanitario. La medida me parece loable, pero ya animados a ser transparentes, sugiero a las autoridades con competencia en la materia que, como contribuyentes, nos enseñen otra factura de la operación donde figuren desglosados los costes del personal, material utilizado, medicinas administradas, cargas financieras, gastos corrientes en bienes y servicios y, si lo tienen, índice de productividad, ratios de absentismo y coste de los liberados. Esa medida se podría extender al ámbito educativo, donde por ejemplo sería muy interesante saber de dónde sale un gasto corriente por universitario superior a los 5.300 euros por curso en Castilla y León; o por qué el desembolso por ocupado de una universidad de la región alcanza los 31.800 euros y en otra se eleva hasta los 37.700 euros.
Nada que objetar al esfuerzo inversor en Sanidad y Educación, pero tal vez, en estos tiempos de estrecheces para todos, ha llegado el momento de pedir unas cuentas claras y exigir rigor en la gestión de unos generosos fondos que han tenido que quitarse de otras áreas. Sociales sí, pero lelos no.
Artículo de opinión publicado en el número de diciembre de la revista Castilla y León Económica
