Sé que el titular parece exagerado, pero no se me ocurre otro para llamar la atención sobre una situación que se nos empieza a ir de las manos. Nos tienen distraídos con la subida de la factura eléctrica, el retraso de la edad de jubilación o la supresión de ayudas sociales, como el cheque-bebé, y ni se roza el debate de las reformas necesarias, que no se aplican de un día para otro con un decretito, sino que necesitan de un profundo debate, el acuerdo de los partidos mayoritarios y una labor didáctica con la sociedad para explicar los cambios necesarios. Estamos aplicando una política adocenada que es mala para todos: para los administrados, porque cada vez nos tocará pagar más impuestos para tapar agujeros con la gravedad de que perderemos algunas coberturas sociales; y para los administradores, porque de seguir así los socialistas sufrirán una derrota apabullante y los populares se encontrarán un país a la deriva donde sólo podrán gobernar a la defensiva para apuntalar nuestra maltrecha economía.
Algún experto ha señalado que corremos el riesgo de una argentinización, porque somos una sociedad donde priman las políticas populistas pese a la gravedad de la crisis; vivimos por encima de nuestras posibilidades; exigimos muchos derechos, pero eludimos los deberes; disfrutamos de una clase política más atenta a vigilar sus intereses que a defender el bien común; somos un pueblo cortoplacista que no está dispuesto a realizar sacrificios pensando en el largo plazo; y seguimos con 5 millones de parados como si fuese algo natural, entre otras deficiencias.
En los 2 últimos años, asistimos un mes sí y otro también a la presentación de informes por parte de esa entelequia llamada sociedad civil. A nivel nacional, el que más repercusión tuvo fue el de la Fundación Everis, presentado al Rey tal vez en previsión de que se guarde en un cajón en vez de ir directamente a la papelera si llega a las manos de nuestros políticos; y en Castilla y León las mayores empresas familiares dieron a Herrera un documento con las medidas necesarias para aumentar la competitividad de la economía regional. Y todos nos preguntamos ¿qué hacen nuestros gobernantes con esos informes, elaborados de forma altruista por algunas de las personas que más saben de economía y con experiencia en la gestión de empresas? ¿Qué utilidad sacamos del trabajo de ese talento? ¿Por qué despreciamos las aportaciones de los mejores de los nuestros? Imagine por un momento que usted tiene un problema económico en su casa al no lograr cuadrar los ingresos con los gastos. E imagine que un señor llamado César Alierta, por poner un ejemplo nacional, o Juan Manuel González Serna, por utilizar uno de aquí, estudia su caso y le propone una gestión alternativa para llegar con más holgura a fin de mes. ¿Qué hace usted?, ¿tira la recomendación a la basura o intenta aplicar esas sugerencias?
Grandes reformas
España vive en una decadencia permanente, con sus altibajos, desde mediados del siglo XVI -no lo digo yo, lean a Ortega y Gasset-, una tendencia que sólo se rompió con la llegada de la reciente Democracia, con lo cual podemos decir que somos unos afortunados por haber disfrutado de este pequeño paréntesis de 3 décadas, que parece tener fecha de caducidad inmediata si no hay un cambio profundo, y no me refiero sólo de partido en el gobierno. ¿Por qué hemos vuelto a las andadas? Pues porque tenemos una clase política cortoplacista incapaz de emprender reformas profundas para no molestar a sus votantes; impedida para alcanzar grandes acuerdos de Estado sobre materias básicas para el desarrollo de un país como educación, energía, prestaciones sociales, justicia o innovación; y obcecada en una dinámica de estar permanentemente en campaña incluso con temas de vital importancia, por lo que priman los mensajes de marcar la diferencia en vez de destacar los puntos en común, de ahí que tengamos el síndrome de la España bloqueada. Eludir esos debates no sale gratis: tenemos una factura energética más cara por despreciar las centrales nucleares; tenemos más impuestos por no reducir la estructura de las administraciones públicas; tenemos funcionarios peor pagados por no optimizar esos recursos humanos; tenemos parados con menos prestaciones sociales por no aplicar una reforma laboral más profunda; tenemos un alza constante de los impuestos indirectos por permitirnos la coexistencia de 4 administraciones (local, provincial, autonómica y estatal) con competencias en ocasiones solapadas; tenemos un sector financiero en vigilancia por no realizar una reestructuración más ambiciosa del mismo -que se hará porque los mercados son muy tozudos-; tenemos escaso dinamismo empresarial por no eliminar trabas burocráticas; tenemos …
En períodos de bonanza económica, esos defectos pasan más desapercibidos, pero ha llegado el momento de acometer fuertes reformas y explicarlas, por muy duras que sean. Es mejor eso, que no inculcar falsas esperanzas -hasta lo hacen en la última comparecencia pública antes de que terminara 2010- a una sociedad que creen pueril -¿o es que los somos?-, ya suficientemente castigada, no sólo por las subidas de impuestos o de recibos de la luz, sino porque registra una insostenible tasa de paro del 20%. En caso contrario, no nos quedará más remedio que hacer como las multinacionales españolas, que repudian de su origen al predicar en los mercados internacionales que la principal fuente de sus ingresos y beneficios procede del extranjero porque la marca España no es que ya no venda, sino que es un estigma.
Estoy totalmente de acuerdo contigo; somos una sociedad sin ambición que nos hemos acostumbrado a que dirijan nuestras vidas, sin plantearnos si nos gusta o no lo que tenemos y, desde luego, sin plantearnos cambios sustanciales.