Después de luchar contra viento y marea para conseguir el proyecto de fabricar en Castilla y León el primer coche eléctrico de nuestro país, Jean Pierre Laurent, presidente director general de Renault España, afirmó en un foro organizado por El Norte de Castilla que no entendía el poder de los funcionarios españoles, pues el plan estaba sufriendo retrasos por las trabas administrativas sobre los terrenos donde se ubicarán los proveedores y las nuevas instalaciones. Laurent aseguró que no había experimentado una situación similar en ninguno de los países en los que había trabajado como directivo. Pese a la voluntad política de llevar adelante la iniciativa de la marca del rombo en Valladolid, la multinacional se había topado con una pléyade de exigentes burócratas capaces de dilatar una inversión, tanto pública como privada, que asciende a 500 millones en cuatro años.
Esos lamentos fueron realizados ante las narices de los máximos responsables políticos en la materia, es decir, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, quienes me imagino que tomaron buena nota de la queja. Intuyo la desazón de Laurent, quien se ha tenido que partir la cara -utilizo esta expresión en sentido metafórico porque es un gran aficionado a las artes marciales, habilidad que tal vez tenga que utilizar en el futuro con algún empleado público para agilizar los papeles- ante Carlos Ghosn, el duro presidente del Grupo Renault; que ha debido de convencer a un Gobierno del PP y otro del PSOE para recabar fondos públicos; y que fue capaz de anunciar el citado plan con la presencia de Herrera, Zapatero y el ministro Sebastián, para que al final un leguleyo fundamentalista de los boletines le demore un proyecto empresarial de semejante envergadura, en un momento en que no estamos sobrados precisamente de inversiones.
Selva de normativas
Pero este caso no es el único, porque conozco a muchos empresarios que se desesperan cuando quieren poner en marcha nuevos negocios o ampliar sus instalaciones porque deben enfrentarse a una selva de normativas de las tres administraciones (local, autonómica y estatal), que en España se aproxima a las 26.000 leyes, según denuncian las cámaras de comercio. Como la mayoría de los que aprueban las leyes sólo conocen la actividad empresarial por lo que leen en la prensa salmón tomando un café, no se quieren enterar de que la aplicación de cada trámite administrativo cuesta dinero. Según las estimaciones de algunos estudios, la reducción de las cargas innecesarias podría representar para las pymes un ahorro de entre un 4% y un 6%, lo que ayudaría a mejorar su cuenta de resultados y ganar competitivida d al reducir los precios de sus productos y servicios. Otros informes de las instituciones camerales aseguran que dos terceras partes de las empresas españolas gastan más de 6.000 euros al año entre gestorías, inspecciones, tasas, impresos y desplazamientos.
Con la actual coyuntura, los retrasos en los trámites y licencias administrativas ponen en serio peligro los proyectos empresariales porque nos encontramos en un período donde el dinero tiene mucho miedo al riesgo. Si un empresario ve demorar su iniciativa, lo más seguro es que pierda el momento oportuno de la inversión, el banco no le apruebe los créditos comprometidos y los accionistas se marchen a otra parte. El exceso de celo administrativo perjudica al emprendedor, pero también a los trabajadores, ya que se dejará de crear empleo, y a la propia administración implicada, que no ingresará las correspondientes tasas.
No se trata de que la actividad económica se convierta en el salvaje oeste por una falta de legislación, pero tampoco hay que caer en el paternalismo burocrático, como si las empresas fueran niños de pecho. Para dinamizar la economía, todos los gobiernos están destinando fuertes sumas pese a las restricciones presupuestarias para reducir el déficit público. Castilla y León, por ejemplo, dedicará de sus mermadas cuentas regionales 586 millones de euros para incentivos al sector empresarial, cuando tal vez sería más eficaz facilitar la labor a los emprendedores mediante la reducción y agilización del papeleo administrativo. Como ejemplo de la paranoia imperante en algunos guardianes de la legalidad, conozco el caso de un prestigioso empresario que no ha podido poner un cartel destacado en una de sus empresas ubicada cerca de una autovía al estar prohibido por cierta normativa, que parece no afectar a los puticlubs que florecen luminosos en nuestras carreteras. Misterios de la maraña burocrática.
Artículo de opinión publicado en el número de noviembre de la revista Castilla y León Económica
