La UE da a España 1 año más para corregir el déficit a cambio de nuevos ajustes

Bruselas aconseja subir el IVA y acelerar la jubilación a los 67
José Manuel Barroso, presidente Comisión Europea.
José Manuel Barroso, presidente Comisión Europea.

La Comisión Europea dará a España una prórroga de 1 año para situar el déficit por debajo del 3% del PIB (hasta 2014) si el Gobierno concreta “nuevos ajustes presupuestarios” para 2013 y 2014 que garanticen el cumplimiento del nuevo objetivo.

La propuesta formal de conceder a España 1 año más no se presentará este miércoles, sino que tendrá que esperar a que el Ejecutivo de Rajoy concrete los nuevos ajustes, probablemente en el presupuesto de 2013, y a que la Comisión los analice para considerar si son suficientes.

Bruselas tendrá en cuenta a la hora de relajar el objetivo de déficit a España la recesión que atraviesa el país y sus propias previsiones económicas, que vaticinan una caída del PIB del 1,8% este año y de 0,3% el que viene.

Aumento del IVA

Al mismo tiempo, la Comisión Europea recomendó a España que rebaje las cotizaciones sociales y compense la pérdida de ingresos con un aumento del IVA, además de acelerar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.

“España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)”, señala el informe elaborado por el Ejecutivo comunitario.

El aumento del IVA, sugiere Bruselas, podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos. Los ingresos por este tributo en España supusieron el 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Además, el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.

“Debido a la amplia aplicación del tipo reducido y el superreducido y a la cantidad de exenciones, el ingreso real por IVA alcanzó únicamente el 42% del nivel teóricamente posible”, critica el Ejecutivo comunitario, que también lamenta la “falta de eficacia de las medidas para reducir el nivel de evasión del IVA”.

Por lo que se refiere a las pensiones, la Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía en 10 años el período para calcular el importe de la pensión, y que se aplica progresivamente hasta 2027, es un “paso importante” pero no suficiente.

Critica el alza del IRPF

La Comisión Europea también se mostró crítica con la subida del IRPF aprobada en diciembre por el Gobierno de Rajoy por considerar que va “en la dirección contraria” a las recomendaciones de la UE y reclamó la supresión de la deducción por vivienda que reintrodujo el PP, recordando que contribuyó a crear la burbuja inmobiliaria.

La institución comunitaria alertó también de que las reformas bancarias aprobadas por el Gobierno español cubren únicamente la depreciación de los activos inmobiliarios pero no tienen en cuenta posibles pérdidas por hipotecas y créditos a las pymes.

“Los bancos españoles todavía tienen una gran exposición a los sectores de la construcción y la vivienda (que asciende a alrededor del 10% de sus activos totales consolidados en diciembre de 2011). Alrededor de la mitad de esta exposición es ya problemática y puede aumentar a medida que los promotores sean incapaces de vender sus activos y pagar”, afirma la Comisión.

Falta de financiación

El Ejecutivo comunitario admite además que la falta de financiación bancaria es uno de los principales problemas de las empresas españolas, así como el retraso de los pagos por parte de la Administración, que se sitúa de media en 162 días, sólo superado por Grecia.

Bruselas expresa algunas dudas sobre el plan de pago propuesto por el Gobierno porque considera que esta medida “implica penalizar a los proveedores, que tienen que aceptar la no inclusión de los intereses y otros costes en el pago final”, lo que va contra los principios de la legislación europea en la materia.

Además, se queja de que el Gobierno no le ha aclarado si “la reducción voluntaria de la cantidad debida se considerará un criterio para el pago prioritario”.

Europa Press / Castilla y León Económica

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