Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a 10 años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales.
La norma prevé un código con “principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal”, por lo que su incumplimiento acarreará sanciones.
Así lo explicó Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y portavoz, quien indicó que las infracciones consideradas “muy graves y algunas graves” por el anteproyecto de ley podrán conllevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un período de entre 5 y 10 años.
Además, en el caso de “verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable”, la conducta será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por 10 años y la correspondiente multa.
Control salarial
El anteproyecto de ley fija también un “primer paso” hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para fijar estos baremos, explicó la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.
Europa Press / Castilla y León Económica
