Castilla y León contará con un programa específico de ayudas a expedientes de regulación de empleo (ERE) de carácter suspensivo que establecerá una serie de líneas de apoyo para los trabajadores, mediante el complemento de prestaciones, y para las empresas, para compensar el coste de esta situación, cuyo principal objetivo es evitar EREs extintivos.
Así lo anunció Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, tras la reunión del Consejo del Diálogo Social que acordó una Declaración Institucional rubricada por todas las partes -Gobierno regional, Cecale, UGT y CC OO- que contempla una fórmula de participación de la autoridad laboral e industrial y de los agentes económicos y sociales para convertir “los efectos negativos del despido colectivo al menos en suspensiones” y siempre que haya acuerdo en el ámbito de la empresa.
“Con ello -argumentan los integrantes del Diálogo Social en esta Declaración Institucional- se conseguirá la reducción del impacto negativo de éste -en referencia al despido colectivo- en reducción del tiempo y en número de trabajadores afectados”.
Herrera precisó que se trata de un “nuevo procedimiento voluntario” para evitar los despidos colectivos y el incremento de los conflictos judiciales ante el nuevo escenario que se plantea tras la supresión de la autorización administrativa de los ERE incluida en la Reforma Laboral del Gobierno.
Propuestas al Estado
La Declaración Institucional, de 10 folios, plantea además 2 consideraciones que hará llegar la Junta al Gobierno de la nación ante el nuevo tratamiento por la Reforma Laboral de los supuestos de despido colectivo y que avalan el “papel eficaz” que ha tenido en Castilla y León la mediación de la administración laboral y la participación de los agentes económicos y sociales con acuerdos en el 94% de los expedientes planteados, “evitando la judicialización de la crisis y el alargamiento, incertidumbres y costes que llevarían aparejado y ha favorecido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo”.
Esta medida forma parte de la Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 acordada ese viernes en sus aspectos generales por los integrantes del Diálogo Social, aunque será concretada el próximo 7 de marzo en el seno de la Comisión Permanente tras el trabajo previo de las distintas mesas.
La Estrategia se ha cuantificado inicialmente en 350 millones de euros aunque Herrera aclaró que no ha habido “una obsesión por el presupuesto”, ya que se ha realizado además sin el soporte de los presupuestos nacionales y regionales para 2012 y desde el desconocimiento del importe de los recursos finalistas de la Administración del Estado.
Jóvenes y desempleados de larga duración
Esta Estrategia dirige una especial atención a los colectivos de jóvenes menores de 30 años y a los desempleados de larga duración “como destinatarios de las acciones que persigan su empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo”.
En este sentido, las partes acordaron un nuevo Programa de Inserción para el Empleo (PIE) para los parados que hayan agotado las prestaciones de desempleo que no encajen en otros programas nacionales que percibirán una ayuda de 400 euros durante 6 meses además de itinerarios integrados de formación.
El acuerdo contempla también actuaciones como el fomento de la contratación por cuenta ajena de los colectivos considerados como preferentes y que “serán incompatibles con cualquier tipo de bonificación u otro inventivo de carácter estatal”.
También se pondrá en valor la figura del emprendedor, para lo que se articularán sistemas que favorezcan y faciliten su establecimiento como autónomo y la creación de empresas con la puesta en marcha de ayudas de carácter retornable tanto para el nuevo establecimiento como para la dotación de circulante con el fin de facilitar la financiación al tejido empresarial.
Nuevo Plan de Empleo Local
La Estrategia reconoce también el “importante papel” de las entidades locales desde el convencimiento de que plantean “importantes oportunidades” de empleo y favorecen el desarrollo el desarrollo de actividad económica en el medio rural, por lo que se plantea un nuevo Plan de Fomento para el empleo local, “siempre y cuando no venga precedido de un expediente de despido colectivo” para financiar total o parcialmente la contratación de trabajadores en desempleo.
En este contexto, destaca el programa de técnicos para la identificación de oportunidades de empleo y de creación de empresas y de emprendedores en el ámbito rural y la contratación de parados para obras y servicios de interés general.
La Estrategia contempla programas de formación profesional y la “inmediata elaboración” de las convocatorias correspondientes a la formación dirigida a trabajadores desocupados, la del programa personal de inserción y empleo y la de ayudas a trabajadores incursos en suspensiones colectivas, “prioritarias en este momento de crisis”.
También se reforzarán las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo y se contemplan actuaciones para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral “de forma que se facilite el acceso de la mujer a todo tipo de entornos del trabajo en condiciones de igualdad” que por primera vez se articulan de forma específica en un plan único.
La Estrategia Integrada de Empleo, que incorpora el VI Plan de Empleo, el III de Formación Profesional, el IV de Prevención de Riesgos Laborales y el I de Igualdad para el Empleo, se concibe como “complementario y subsidiario” frente a las actuaciones que se planteen a nivel nacional y se constituye como referencia básica para la definición de los Planes Anuales de Políticas de Empleo a elaborar en el marco de la Estrategia Española de Empleo.
Europa Press
