El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves la reducción del 31% del número de liberados sindicales en la Administración autonómica, que pasarán de 950 a 658, con un ahorro de 13,6 millones de euros para las arcas regionales. Así, disminuye en 292 la cantidad de empleados públicos exentos de acudir a sus centros de trabajo por labores de representación de trabajadores.
La medida se acordó por unanimidad el pasado 23 de diciembre en la Mesa General del Empleado Público y se hará efectiva mediante la modificación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La disminución se efectuará en 2 fases: en 2012 se eliminará el 40% de esos 292 liberados, y en 2013 el 60% restante.
Crecimiento de la economía
La nueva regulación entrará en vigor con carácter general el próximo 1 de marzo. La única salvedad es el sector educativo, donde será efectiva a partir del 1 de julio para acomodar su aplicación al curso escolar. Está previsto que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque el acuerdo incluye una cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía de Castilla y León, que determina que sólo se retornará a la situación inicial si el Producto Interior Bruto (PIB) interanual de la región supera el 2,5% durante 2 trimestres consecutivos.
Castilla y León Económica
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