El pasado mes de octubre, la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León firmó con la patronal CEOE Castilla y León, el Consejo Regional de Cámaras de Comercio y el Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Castilla y León un protocolo para impulsar la simplificación administrativa y mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de la administración pública y de sus procesos internos, “en beneficio de los ciudadanos y las empresas”, según plasma el documento. En definitiva, se trata de reducir las cargas innecesarias, redundantes o excesivas en relación con la burocracia exigida por los trámites con la Junta.
Esa medida es vital para hacer de nuestra comunidad autónoma un territorio más competitivo y atractivo para la inversión. Me explico, en la misma semana que fue presentado el acuerdo en la Consejería de la Presidencia conocí 2 casos del infierno burocrático al que se enfrentan los empresarios castellanos y leoneses y sus graves consecuencias.
Dificultades administrativas
En el primero, una compañía burgalesa, que quería construir una gran gasolinera en su provincia, termina instalándola en Álava por las dificultadas administrativas que tiene en nuestra tierra frente a las facilidades otorgadas en la región vecina. Hablamos que para sacar adelante ese proyecto, que cubre una demanda real para dar servicio a cientos de transportistas, en Castilla y León tardaría varios años mientras que en Álava fue capaz de ejecutarlo en apenas 18 meses. El capital, como saben, es impaciente.
Y en el otro caso, mucho más grave, el propietario de una de las mayores empresas de Castilla y León me comenta apenado que está desviando sus inversiones a otra comunidad autónoma colindante por la sencilla razón de que les facilitan todos los trámites al destinarles dos funcionarios para tutelar cada nuevo proyecto con el objetivo de evitar los retrasos provocados por los procedimientos administrativos. Como consecuencia de esas ventajas burocráticas, ese líder agroalimentario con sede en Castilla y León cada vez posee más facturación y mayor plantilla en el territorio vecino. Es más, otro empresario me confiesa que cuando proyecta las ampliaciones de su industria, sus asesores externos le recomiendan invertir fuera de Castilla y León por la lentitud del aparato burocrático de nuestras Administraciones Públicas (regional, provincial y local) y por la desmesurada presión de las inspecciones fiscales y laborales, muy superior a la registrada en otras regiones españolas (de eso ya he escrito en otras ocasiones).
Medio centenar de medidas
Confío, por el bien del desarrollo económico de Castilla y León, que este protocolo de colaboración no se quede en un brindis al sol. Recuerden que Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), a iniciativa propia, ya presentó a la Junta en marzo de 2023 el Documento de propuestas para la racionalización y simplificación administrativa en Castilla y León, con cerca de medio centenar de medidas dirigidas a facilitar la actividad empresarial. Más de un año y medio después, aún no se ha aplicado ninguna propuesta pues el documento sigue siendo estudiado por los técnicos de la Administración autonómica. Alguien argumentará que en ese período ha habido una crisis política tras la salida de VOX del Gobierno regional, pero lo cierto es que a día de hoy no se ha aprobado ninguna de las recomendaciones realizadas por una asociación que engloba a más de 180 compañías familiares líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación conjunta supera el 17% del PIB y dan empleo a casi el 9% de la población ocupada en el sector privado.
Si existe voluntad de reducir la carga burocrática, que parece ser que la hay por parte de los que nos gobiernan aunque no por el establishment de funcionarios, se avanzaría mucho con medidas como la declaración responsable, el silencio administrativo y la Ley de Mercado Abierto, como la aprobada en 2022 por la Comunidad de Madrid, donde las empresas de todo el territorio nacional puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen.
Por cierto, la Consejería de la Presidencia ha habilitado el correo electrónico simplifica@jcyl.es, al que pueden dirigir sus sugerencias para reducir las cargas administrativas. Anímense y colaboren.
