La Junta de Castilla y León calcula en más de 162 millones de euros el coste para hacer efectivo el traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuantía que excede en 30 millones la última propuesta realizada por el Gobierno socialista (133,5 millones). Sin embargo, la divergencia entre ambas posturas es todavía mucho mayor por cuanto el Ejecutivo autonómico exige, además, la aplicación de hasta 5 cláusulas de garantía, no cuantificadas, para que la Administración central afronte compromisos en materia sindical y obras pendientes en infraestructuras, informatización y creación de nuevas unidades judiciales.
Así lo adelantó hoy José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, después del encuentro mantenido con distintos representantes del ámbito judicial en la comunidad autónoma, a quienes detalló la propuesta en esta materia elaborada por el Ejecutivo autonómico para, según sus propias palabras, alcanzar un “gran Pacto de Comunidad” o un “Pacto de la Justicia” que permita a Castilla y León asumir esta competencia.
La Junta espera que la propuesta, que establece las exigencias o garantías mínimas para aceptar el traspaso, sea enriquecida durante las próximas 3 semanas por las sugerencias que puedan realizar todos los sectores implicados, a los que tiene previsto emplazar a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en enero, con el fin de consensuar y firmar la propuesta final que la región trasladará al nuevo Gobierno.
Europa Press / Castilla y León Económica
