UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, aumentó notablemente en 2023 la cantidad de energía recuperada mediante la persecución de fraudes eléctricos en su red en Castilla y León. A través de más de 1.600 actuaciones, la compañía logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 3 GWh, un 70% más que el año anterior. Esta cantidad, equivalente al consumo de 1.000 hogares, ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento.
Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de 250 expedientes por fraude en esta comunidad autónoma, un 61% más que la cifra registrada el año anterior.
44.000 actuaciones en total
En el conjunto de las regiones en las que opera UFD, el año pasado la compañía realizó más de 44.000 actuaciones contra el fraude eléctrico que se saldaron con la apertura de más de 12.400 expedientes. Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor realizados en dichas regiones, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas. Un 5% de estas operaciones se llevaron a cabo en Castilla y León.
Prevención de los riegos
El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.
Problema social
“El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en UFD estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación”, explica Mónica Puente, directora de UFD.
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