Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, ha enviado una carta a Fabrizio Hernández Pampaloni, secretario de Estado de la Energía, donde manifiesta el “malestar” de la Junta de Castilla y León sobre el Plan de cierre de las unidades de producción españolas de carbón en 2018 y advierte de la “posible impugnación y suspensión cautelar” del mismo por cuanto puede suponer “una violación competencial”, ya que no ha sido tramitado en coordinación con las comunidades autónomas afectadas.
En la misiva, exige que se mantenga informado al Ejecutivo regional de todas las actuaciones que se adopten en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que afecten a la industria minera castellana y leonesa.
Villanueva argumenta que el Plan de cierre “afecta no sólo a la planificación y objetivos marcados por la política económica general del Estado, sino a la competencia ejecutiva que se deriva del Art. 76.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León”. Además, recuerda que el carbón da empleo directo a 2.900 trabajadores en la región.
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