Más de un centenar de empresarios familiares llegados desde diversos puntos de España se han dado cita en Jerez de la Frontera (Cádiz) para mantener el V Encuentro Interregional de la Empresa Familiar, que pretende convertirse en un marco para el intercambio de experiencias y puntos de vista sobre los retos que afrontan este tipo de organizaciones, y en el que han mostrado su rechazo al pacto de investidura.
La convocatoria de este año, que se prolongado durante 2 días, ha estado organizada por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF), y a ella han acudido la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Macha (AEFCLM), Empresa Familiar Castilla y León (EFCL), Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) y Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM). El tema elegido para el debate en el encuentro de este año ha sido la gestión del empresario familiar en tiempos de incertidumbre, lo que ha constituido una invitación para analizar el actual contexto político y económico en España.
A este respecto, los empresarios familiares participantes en el encuentro, a través de sus respectivas asociaciones, mostraron su unánime rechazo tanto al pacto de investidura firmado por el PSOE con Junts per Catalunya como al contenido de la proposición de Ley de Amnistía, por considerar que constituyen “una agresión al Estado de Derecho que consagra la Constitución Española”, que “es el marco que ha permitido la convivencia en paz y el progreso de la nación en términos de derechos y bienestar durante los últimos 40 años”.
Asimismo, señalaron que estamos ante una deslegitimación del Poder Judicial, “que pone en peligro la separación de poderes como fundamento del correcto funcionamiento del Estado y garante del sometimiento de todos los ciudadanos, incluidos los representantes públicos y cargos institucionales, ante la Ley”.
Principio de igualdad
Los empresarios familiares calificaron de “muy grave” la vulneración que el pacto y la ley de amnistía representan para el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y mostraron su preocupación por las “previsiblemente graves consecuencias que se derivarán para la actividad económica y empresarial, el bienestar ciudadano y la imagen de España en el exterior”.
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