Los empresarios de Castilla y León coinciden en su rechazo total a los acuerdos de Gobierno alcanzados entre el Partido Socialista (PSOE) y Junts per Catalunya para cerrar la investidura de Pedro Sánchez, pues advierten de que la futura Ley de Amnistía redundará en una pérdida de competitividad de las empresas de la comunidad autónoma.
En este sentido, Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, alerta de que estos pactos “ponen en peligro la cohesión territorial del país y afectan al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978”; por lo que reclama un Ejecutivo que garantice la unidad de España y la estabilidad política e institucional, “y no un Gobierno que empuje hacia un escenario que pone en peligro la separación de poderes y la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia”.
De la misma opinión es Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, quien considera un “dislate” y algo inverosímil esta normativa. “Contemplamos con asombro cómo el futuro del país está en manos de los independentistas. La democracia no puede permitirse estos juegos ni la Constitución es un chicle que se estira y se rompe”, apunta. Precisamente señala que la amnistía implica negar la existencia del delito, “y España es un estado social y democrático de derecho y ello supone el respeto al imperio de la Ley y a la separación de poderes. Así, negar la existencia del delito implica decir que la labor realizada por los tribunales hasta la fecha se hace de forma arbitraria porque, es negar la existencia del poder judicial y sus funciones y aniquilar por tanto la separación de poderes”.
División de poderes
Coincide Pedro Palomo, presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), con estas últimas ideas al considerar la Ley de Amnistía “una afrenta al principio de la división de poderes en detrimento de la justicia del país, al tiempo que escenifica una terrible desigualdad entre territorios, dadas las consecuencias económicas del pacto”. Por ello, cree que la Carta Magna está en peligro: “nunca antes habíamos vivido una situación tan terrible en nuestra democracia; es desazonador que los intereses partidistas primen sobre el interés general de todos”.
En cuanto a los efectos directos sobre las empresas, todos convienen que el acuerdo afectará negativamente. “La condonación del 20% de la deuda a Cataluña, cifrada en 15.000 millones de euros, traerá más impuestos e incidirá de forma negativa en el crecimiento económico de la región, de España y en la vida de todos los ciudadanos, provocándose un agravio comparativo intolerable, castigando a quienes verdaderamente cumplen la Ley”, indica Aparicio. En esta línea, reconoce que los empresarios “siempre estarán dispuestos a dialogar y a trabajar desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado, pero dentro del orden constitucional, por lo que se debe hacer un esfuerzo por la estabilidad institucional, que asegure que España sea un país atractivo para la inversión, nacional e internacional, y favorable a la creación de empleo, la generación de oportunidades y la potenciación del talento”.
Por su parte, Méndez Pozo recuerda que lo primero por lo que se verá afectado el tejido productivo es por la falta de certidumbre, la seguridad jurídica y el descrédito del país en los mercados exteriores, “por lo que se pararán inversiones”. A esto se añadirá, “por si fuera poco, la subida de la prima de riesgo, que dañará nuestra deuda y complicará la financiación y, por tanto, el crecimiento económico y el empleo”. Además, se producirá, en su opinión, una escalada tributaria y un incremento de costes que dañará aún más la competitividad.
En consonancia con estos pareceres, Palomo afirma que perdonar la deuda de forma unilateral a una comunidad autónoma muy endeudada, como es el caso de Cataluña, “va en detrimento de las cuentas públicas de Castilla y León, que están mucho menos endeudadas y, por tanto, se está premiando la ineficiencia. Al final habrá más presión fiscal para las empresas”. Al hilo de esto, señala que todo el dinero que se dedique a favorecer la desunión en España no podrá destinarse a inversiones y productividad.
Rigor presupuestario
La patronal considera también que, mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, “se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado”.
El presidente de las Cámaras de Castilla y León se suma a esta opinión, a lo que añade que la citada Ley, además de beneficiar a los promotores del Procés y a sus demandas en materia de infraestructuras, perjudicará a los intereses de la región, que continúa “suplicando ejes viarios y ferroviarios clave para el desarrollo territorial y una financiación autonómica que se ajuste a nuestra idiosincrasia”.
Los empresarios también ponen el foco en la libertad de empresa, “que es el principio básico de la economía de mercado”, en referencia a que los acuerdos promuevan la relocalización a Cataluña de las sedes sociales que marcharon tras el Procés. “Corresponde a las compañías decidir lo mejor para sus accionistas y para su propio futuro”, indicó Palomo, quien cree que las concesiones de este pacto no paralizarán las demandas de los nacionalistas catalanes, que según sus propias manifestaciones “parecen un paso más hacia el referéndum de autodeterminación y, por tanto, de independencia; el cuento de nunca acabar”.
Castilla y León Económica
