La morosidad es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el entramado empresarial: los retrasos en los pagos de sus clientes podrían llegar a comprometer su flujo de efectivo e, incluso, la capacidad para cumplir con sus propios compromisos financieros, como el pago de salarios, impuestos o proveedores.
En este sentido, las compañías cuentan con distintas herramientas legales para afrontar esta problemática, como es el caso de la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LDP), que actualmente se encuentra en revisión. Pese a ello, muchas de las empresas no estarían haciendo uso de estas herramientas. Según indica el Informe Europeo de Pagos de Intrum, solo el 50% de las empresas castellanas y leonesas afirma aplicar esta directiva que, entre otras soluciones, les da derecho a reclamar automáticamente intereses de demora y a cobrar un mínimo de 40 euros como compensación por los gastos de recuperación. Una cifra superior a la de España (46%) y a la de la media europea (47%).
Datos por países
Así, de los 24 países analizados, Irlanda (68%), República Checa (59%), y Rumania y Portugal (52%) se posicionan como los países donde más organizaciones reconocen recurrir a este derecho. Por el contrario, Polonia (42%), Eslovaquia (41%) y Francia (39%), son las naciones cuyas empresas hacen menos uso de esta alternativa.
A la hora de preguntar por las razones que incentivarían la aplicación de la Directiva Europea sobre Morosidad, el 63% de las entidades encuestadas en Castilla y León (56% en España) coincide en que sería necesaria la revisión de las normas vigentes. Una iniciativa que ya estaría sobre la mesa de la Comisión, que trabaja en la actualización de esta normativa con el objetivo de promover un cambio definitivo hacia una cultura de ‘pago sin demora’.
Asimismo, entre las siguientes opciones por las que las compañías harían un mayor uso de su derecho de reclamo y recobro, destacan una mayor claridad en torno a la directiva y como usarla, con un 46% (29% a nivel nacional) y la mejora de la aplicación de la norma -mediante, por ejemplo, un organismo público con competencias para recibir denuncias, iniciar inspecciones y emitir sanciones y multas administrativas-, con un 44% (42% en términos nacionales).
Hacia una cultura del ‘pago sin demora’
Uno de los principales objetivos de la revisión de la normativa sobre morosidad de la Unión Europea es promover un cambio definitivo hacia una cultura de pago sin demora, algo a lo que las organizaciones empresariales también podrían contribuir mediante el desarrollo de códigos éticos a este respecto.
Sin embargo, tal y como señala el informe realizado por Intrum, tan solo el 31% de las empresas de Castilla y León cuentan con este tipo de documento. Una cifra inferior a la de España (32%) y a la media europea (33%).
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