La Junta de Castilla y León y las 9 diputaciones provinciales desarrollan un Protocolo General de Actuación para garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en las localidades con población inferior a 500 habitantes, ejecutando las infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación. El acuerdo abarca a más de 1.000 localidades que, según las confederaciones hidrográficas, no tienen un vertido adecuado a la normativa europea y estatal vigente.
Este programa medioambiental beneficiará a más de 250.000 personas y supondrá la movilización de inversiones en torno a los 125 millones de euros, de los que el 40% será aportado por la Junta, otro 40% por las diputaciones y el 20% restante por los ayuntamientos respectivos.
Financiación
El Gobierno regional además ayudará a las administraciones locales que lo soliciten al financiar su aportación a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales y a 25 años en el caso de las corporaciones municipales, con el objetivo de mitigar su esfuerzo presupuestario a las administraciones locales.
Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.
Coste de mantenimiento
Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales.
Como en el anterior programa de depuración en localidades de 500 a 2.000 habitantes, la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, también ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.
Modernización y sostenibilidad
Según la Administración autonómica, este protocolo es una apuesta por la modernización y la sostenibilidad, la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social.
Más información en el número de junio de la revista Castilla y León Económica
