José Luis Ibáñez, responsable de la Comisión Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España (CJE), advirtió que la Renta Básica de Emancipación (RBE) -la ayuda al alquiler de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 30 años- finalizará en diciembre “sin que ningún partido político de los que concurren a las elecciones del 20-N se haya comprometido a mantenerla”, por lo que “es probable” que llegado el momento, suponga el abandono de cerca de 280.000 viviendas, a medida que los actuales perceptores pierdan capacidad de abonar los pagos mensuales.
Así lo indicó durante su participación en el XXX Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), donde aseguró tener un “temor bastante alto” de que la ayuda no se renueve en diciembre, con el consiguiente perjuicio tanto para los propietarios como para los inquilinos, algo que calificó de “brutalidad”.
Incentivos al alquiler
Por otro lado, Ibáñez subrayó que los jóvenes cobran un sueldo medio que ronda actualmente los 800 euros mensuales, por lo que necesitarían cobrar alrededor de un 73% más -2.250 euros- para poder comprar una vivienda. En todo caso, el tamaño medio de los inmuebles a los que puede aspirar este colectivo no supera los 57,8 metros cuadrados.
Ante este escenario, Ibáñez apostó por incentivar el mercado del alquiler mediante “cargas fiscales a los propietarios de viviendas vacías”, aunque compensando esta penalización con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para aportar mayores condiciones de seguridad para quienes decidan arrendar sus viviendas.
Europa Press / Castilla y León Económica
la intervención de los poderes públicos en una actividad eminentemente privada como es alquilar un inmueble, en mi humilde opinión, provoca que este mercado esté, por un lado, sobrevalorado el importe del alquiler, por otro lado, se incentiva la excesiva demanda de viviendas para tener un objetivo de alquilar, provoca la disminución de las arcas del estado. Y en definitiva, que les paguemos todos los contribuyentes los alquileres a ciudadanos que no deberían estar dispuestos a pagar importes de alquiler tan elevados como los que se cobran en este país.