Según los últimos datos disponibles, la industria alimentaria de Castilla y León supera los 10.000 millones de facturación, está formada por más de 3.100 empresas y proporciona empleo a cerca de 37.000 personas. El peso de este sector en la economía regional es muy importante. Pero también lo son los riesgos, presentes o futuros, a los que ha de enfrentarse y para cuya gestión la gran mayoría de las empresas no tiene tamaño ni recursos suficientes, lo que puede atacar directamente a su viabilidad.
Según Óliver Becerro, director de Willis Towers Watson en Castilla y León, “el sector alimentario está en continua y veloz transformación, y es uno de los más vulnerables ante los riesgos e incertidumbres que ha de afrontar en los próximos años. Sostenibilidad, trazabilidad, salubridad o internacionalización son elementos clave de mejora e inversión para su crecimiento a medio y largo plazo”.
Sostenibilidad
El reto está en crear productos cada vez más sostenibles y seguros, con un menor consumo de recursos. Y hacerlo en un contexto global en el que la internacionalización es clave y el cambio de los hábitos de consumo es continuo, acelerado y, en muchas ocasiones, difícil de prever, lo que hace muy difícil tener capacidad para adaptarse y cubrir la demanda si no se cuenta con las herramientas y la estrategia adecuadas.
“Y eso requiere por parte de las empresas del sector una inversión importante en innovación que, como tal, ha de considerarse un riesgo y que, además, se ramifica en múltiples áreas, como producción, distribución, logística o ciberseguridad, con, a su vez, sus propios riesgos, que hay que medir, mitigar y gestionar para no perder competitividad”, explica Becerro.
Colaboración
Empresas privadas ajenas al sector y Administración pública también han de colaborar. Las primeras aportando soluciones, asesoría e innovación que permitan gestionar sus riesgos. La segunda, simplificando el entorno administrativo y burocrático para crear empresas y potenciando un entorno fiscal que atraiga y favorezca la inversión en esta industria, entre otras.
Según datos de Willis Towers Watson, el 67% de los productos defectuosos en la industria alimentaria son alimentos contaminados por gérmenes patógenos que se reproducen y generan toxinas; el 21% resulta dañado durante su transporte, distribución o almacenamiento; el 8% ha sido expuesto a agentes físicos o químicos no adecuados durante la producción industrial y la producción primaria; y el 4% restante no es seguro a causa de sabotajes, internos o externos. Hablamos de seguridad a muchos niveles: salubridad, fraude alimentario, ciberseguridad o cumplimiento de normativas, que hacen necesario implantar un Plan de Seguridad Alimentaria.
Áreas clave
Los recursos para implantar este plan deben de dirigirse a 3 áreas clave, como apunta el responsable en Castilla y León de Willis Towers Watson: producto, proceso y distribución.
“Debe haber un control permanente y exhaustivo desde la entrada de materia prima en la fábrica hasta la salida de ella del producto elaborado. No se pueden escatimar esfuerzos ni recursos en el mantenimiento predictivo y preventivo de la maquinaria y en la formación y correcta habilitación de las plantillas, ni descuidarse los procesos de limpieza y la desinfección permanente. Y ha de contarse con empresas logísticas y de transportes cualificadas y contrastadas para garantizar que la calidad del producto no se altera tras salir de la fábrica y llega en perfectas condiciones al mercado”, señala Becerro.
Los beneficios de tener un Plan de Seguridad Alimentaria bien estructurado son “relevantes pues fortalece la confianza del consumidor; facilita la retirada del lote o productos afectados en caso necesario; limita a su vez las unidades a retirar y su impacto económico; ayuda a proteger la imagen de marca; y evita generar posibles problemas de salud pública, una prioridad, pero también posibles sanciones penales, civiles y administrativas. Es fundamental que las empresas sean capaces de abordar los retos en materia de seguridad de los productos alimentarios comercializados”, matiza Becerro.
Más información en el número de marzo de Castilla y León Económica
