José Rafael García Fuster, ex consejero del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, declaró este martes en la Audiencia Nacional que los miembros del consejo de administración de la entidad recibieron el pasado 27 de abril un correo electrónico institucional en el que se desmentía la veracidad de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se cuestionaba la solvencia de la entidad.
El correo mencionado por García-Fuster, citado como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, fue enviado por Miguel Crespo, secretario del consejo de administración, quien también remitió una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que señalaba que las primeras cuentas de 2011, que arrojaban unos beneficios de 305 millones de euros, presentaban unos problemas formales que se iban a solventar.
El informe del FMI advertía que, una vez “agotadas” las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), podría ser necesario un “mayor recurso a la financiación pública” para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades “problemáticas”. En relación con los bancos de “mayor tamaño”, en referencia a Bankia, aconsejaba tomar medidas “rápidas y decisivas” para fortalecer sus balances.
El imputado, que fue parlamentario del PP en las Cortes Valencianas y era presidente de la Comisión de Control de Bancaja, también declaró que apoyó las cuentas de mayo, que presentaban unas pérdidas de 2.979, porque pensó que el Banco de España y el Gobierno apoyaban estos nuevos criterios contables y no apoyarlas podría poner en riesgo el sistema financiero español.
Culpas a Deloitte
También este martes declaró Jorge Gómez, ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, que culpó de la situación de Bankia a la auditora Deloitte, ya que dio el visto bueno a la fusión de las 7 cajas, a la salida a Bolsa y al plan de viabilidad y capitalización que la entidad presentó ante el Banco de España.
En este sentido, consideró “una casualidad” que la auditora presentara salvedades a las cuentas de marzo y aplicara al nuevo balance de mayo los mismos criterios contenidos en el decreto aprobado por el Gobierno el 12 de mayo para el saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. “Alguna comunicación con el Gobierno debía de tener Deloitte”, ironizó.
Europa Press
