Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.

El Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova) ha hecho público el documento El Mirador Económico, una encuesta que recoge la opinión del colectivo sobre la crisis del país y que refleja su convicción de que es preciso adoptar medidas de austeridad pública de mayor calado. "No parece razonable que en un Estado como el español el 40% de la población se dedique a la Administración y el resto a pagar lo que ésta determine. Hay que reducir el peso de la Administración, pero no debe ser el ciudadano el que soporte toda la carga", argumentan.

Ecova clasifica las propuestas de sus asociados y de los economistas de las provincias de Palencia, Salamanca y Zamora, en 3 áreas en las que ven necesario incidir: la Administración, el sistema fiscal y las empresas.

Medidas para la Administración Pública:

- Reducir su tamaño, ya que en la última década se han triplicado sus recursos tanto técnicos como humanos, y mejorar su productividad eliminando las "duplicidades y triplicidades existentes".

- Realizar una fiscalización real y efectiva de las cuentas de las administraciones públicas y hacer públicos los resultados, lo que propiciará un mayor control y transparencia de los mismos.

- Disminuir el "desproporcionado" número de puestos políticos, que incrementa seriamente el gasto público, y exigir responsabilidad legal de sus actos. Garantizar que las personas que se dediquen a la política ocupen un solo cargo público y con una remuneración acorde a la que fije el mercado en cada momento.

- Suprimir las subvenciones públicas a sindicados, asociaciones y fundaciones tomando como modelo el implantado en países EE UU, donde estas entidades se financian exclusivamente por sus afiliados y asociados y no suponen un gasto al Estado.

- Aplicar el sistema de presupuesto base cero a todas las administraciones públicas, en especial a las de las comunidades autónomas, exigiéndose a cada gestor justificar detalladamente todas sus peticiones presupuestarias, así como la necesidad de cada importe a gastar priorizando las actividades a realizar, evaluándolas y ordenándolas según su grado de importancia.

- Reducir el número de municipios de Castilla y León desde los 2.248 actuales hasta un máximo de 250 con miras a un control del excesivo gasto actual.

- Exigir una productividad a los funcionarios en los trabajos que realizan y  profesionalizar las distintas actividades desarrolladas en la Administración.

- Eliminar el silencio administrativo y obligar a resolver los trámites en tiempo y forma para agilizar la burocracia.

Medidas en materia fiscal:

- Acabar con la amnistía fiscal y luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, además de suprimir las deducciones que no estén asociadas con la creación de empleo.

- Poner fin al régimen de estimación objetiva del IRPF para que los empresarios tributen "por los beneficios realmente obtenidos y no por criterios tan subjetivos que lo único que hacen es desvirtuar la justicia fiscal".

- No subir más los impuestos indirectos, que pueden afectar al consumo.

- Eliminar las subvenciones generalistas a las empresas y a la ciudadanía y concederlas en función de un nivel de renta determinado.

Medidas para las empresas:

- Facilitar el acceso al crédito y que las entidades financieras incrementen las ayudas económicas a las nuevas empresas, fomentando la figura del emprendedor. Completar la inyección de liquidez con una simplificación de los trámites administrativos y con la reducción de las cotizaciones sociales por creación de empleo y la eliminación de las subvenciones que no estén vinculadas a la creación o mantenimiento del empleo.

- Controlar y evitar la realización de horas extra para conseguir una mejor distribución del trabajo.

- Priorizar el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación; tratar a los productos que vienen de fuera de España con el mismo rigor que se trata a los nacionales; fomentar la I+D+i y la productividad; y, por último, realizar las exenciones o bonificaciones en tributos que incentiven la actividad económica.

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