José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero delegado de Nueva Rumasa, ha vuelto a manifestar que el grupo está dispuesto a vender empresas y afirmó que ha recibido numerosas ofertas de compra por casi todas las compañías del holding, si bien señaló que “muchos de los que se acercan buscan gangas o precios irrisorios y eso no es serio ni ofrece garantías”.
Ruiz-Mateos Rivero se mostró abierto a “aceptar nuevos modelos de gestión”, al ser preguntado si la familia estaría dispuesta a dejar la gestión en manos de nuevos inversores. “Estamos abiertos a todo siempre que sea para el bien de las empresas, los empleados y los inversores”, dijo durante su comparecencia tras la reunión con altos cargos de los ministerios de Trabajo e Inmigración y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y con representantes sindicales.
“Todos los días llaman varios fondos de inversión e industriales, extranjeros y nacionales, para participar en el grupo o adquirir compañías”, apuntó, antes de remarcar que Nueva Rumasa sigue “estudiando posibles alianzas que pueden dar mucha fuerza al grupo de cara a esta nueva etapa y al posterior despegue de todas las compañías una vez vayan saliendo poco a poco de la situación concursal”. El ejecutivo manifestó la convicción de la familia de que todas las empresas son viables, aunque “necesitarán ciertas reestructuraciones”, e insistió en que el objetivo del grupo es lograr un convenio con todos los acreedores.
Expedientes de regulación pactados
Precisamente en esa reunión con representantes gubernamentales y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se acordó que Nueva Rumasa suscribirá con los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo global para aplicar expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales, con reducciones de jornada o de suspensión de contratos por un máximo de 6 meses, al que se podrán adherir los comités de todas las empresas que aún no han sido declaradas en concurso de acreedores.
En el encuentro también se analizaron los mecanismos para agilizar el pago de los salarios que los trabajadores tienen pendientes de cobro, que los sindicatos cifran en más de 6 millones de euros.
Europa Press / Castilla y León Económica
