El Consejo de Gobierno ha aprobado este decreto ley que recoge una serie de medidas con las que eliminar trámites administrativos, disponer de un régimen de intervención proporcional y reducir de plazos de manera especial en aquellas normas que pueden dificultar el acceso o ejercicio de una actividad económica. El Gobierno autonómico agiliza los procedimientos y los simplifica para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la Covid-19.
La Administración autonómica impulsa mediante este decreto ley diversas reformas conducentes al objetivo principal de recuperar la actividad económica y el empleo en la Comunidad, y revertir las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19. Esto es, el Ejecutivo adopta, a partir de esta iniciativa a propuesta de la Consejería de transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, medidas para simplificar procedimientos y trámites que beneficiarán directamente a personas y empresas de Castilla y León.
El decreto ley se estructura en 8 artículos organizados en 4 capítulos, 5 disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 5 disposiciones finales. El desarrollo de las medidas recogidas en el decreto ley competen a las consejerías de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; Economía y Hacienda; Empleo e Industria; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Educación.
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