Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) elevará una queja al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por las prácticas de las compañías eléctricas en los procesos de contratación de suministro eléctrico con los municipios, después de la entrada en vigor de la nueva regulación de este sector. Pedro Castro, presidente de la organización, explicó que los pequeños y medianos ayuntamientos tienen "graves problemas" debido a la imposibilidad de muchos de contratar este servicio en las nuevas condiciones "ante la falta de ofertas de las comercializadoras y, en algunos casos, por las imperativas condiciones que éstas exigen para concurrir a las licitaciones".

Según Castro, los consistorios están obligados a acudir al mercado libre, por tener una potencia contratada superior a los 10 kilovatios, y a hacerlo mediante la convocatoria de concursos públicos. A finales de diciembre pasado, el Gobierno prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 para que los ayuntamientos puedan renovar sus contratos, pero, según indicó, los problemas persisten, como le ha ocurrido al Ayuntamiento de Frailes (Jaén), que se ha visto en la obligación de declarar desierto el procedimiento por falta de licitadores tras efectuar la oportuna convocatoria.

Otro de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de la FEMP es pedir al Gobierno que en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) se fije el porcentaje de déficit por debajo del cual los municipios no tendrán obligación de presentar un plan económico financiero.

Enmiendas a la Ley de Economía Sostenible

Por otro lado, la Ejecutiva de la FEMP fue informada del contenido de las propuestas de enmiendas presentadas a los grupos parlamentarios del Senado de cara a la negociación del proyecto de Ley de Economía Sostenible. Entre ellas, Castro destacó una propuesta de mejora técnica para definir con más claridad la retribución de los servicios públicos.

Otra de las modificaciones planteadas es la petición de que se suprima el texto del artículo 36, que establece la retención de las entregas a cuenta de una entidad local cuando ésta no haya remitido sus presupuestos a la Administración General del Estado. La FEMP pide que esta cuestión sea discutida en seno de la negociación de la reforma de la ley de financiación local o que, al menos, tal decisión se adopte previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), tras estudiar cada caso.

Según el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, la FEMP no discute la obligación de las entidades locales de remitir la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado, pero advierte de que no parece adecuado que, existiendo un órgano de interlocución como es la CNAL, el mecanismo automático de retención opere sin previo informe de la misma.

Europa Press