La economía sumergida equivale en España al 18,6% de su PIB, alrededor de 190.000 millones de euros, y está directamente relacionada, entre otras cuestiones, con los elevados niveles de corrupción, según el informe Flexibilidad en el trabajo 2014, elaborado por Randstad.
La empresa de trabajo temporal ha obtenido este resultado a partir de la consulta de fuentes como Eurostat, OCDE o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha explicado Luis Perez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, durante la presentación del informe.
Cifras
Pérez ha puesto en contexto las cifras y ha precisado que, con cálculos aproximados a partir de los actuales niveles de ocupación en términos EPA y teniendo en cuenta que la mayor parte de esta economía sumergida se compone de empleo en negro, podrían aflorarse hasta 3 millones de puestos de trabajo y reducir así hasta un 50% o un 60% la tasa de paro actual, que se sitúa en el 23,7%.
España, ha indicado, cuenta con niveles muy superiores de economía y empleo sumergido a los de países europeos como Austria (7,5%), Luxemburgo (8%), Holanda (9,1%), Reino Unido (9,7%) o Francia (9,9%). Por otro lado, los países con mayor volumen de empleo y economía en B son los del Este, como Bulgaria (31%), Rumanía (28%) o Hungría (28%).
Corrupción
A la hora de explicar por qué España cuenta con niveles tan elevados de economía sumergida, Pérez ha explicado que uno de los factores que inciden son los niveles de corrupción del país. “Niveles elevados de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral”, señala Ranstad, para añadir que el empleo sumergido “supone una vía de escape para quienes se enfrentan a la corrupción cuando tratan de desarrollar su actividad profesional dentro de la legalidad”.
Por otro lado, Pérez ha explicado que es preciso aflorar tanto empleo sumergido para sanear las cuentas públicas, lograr una reducción de las altas tasas de paro que arrastra España y contar con una economías más competitiva.
Medidas
Al poner sobre la mesa las medidas necesarias para reducir el empleo en B, el director de Relaciones Institucionales de Randstad asegura que la carga fiscal no está relacionada con el recurso de los empresarios a la contratación no declarada.
En cambio, ha señalado que es precisa una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, porque de esa forma se puede cerrar la puerta a que muchas personas tengan que recurrir al empleo sumergido.
Castilla y León Económica/ Europa Press
