La Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca) se opone a modificar la Ley Hipotecaria para establecer un modelo hipotecario basado en la dación en pago como única vía para saldar la deuda porque “no beneficiaría a prácticamente nadie: significaría más morosidad (hasta el 8%) y mayores riesgos para las entidades, que endurecerían aún más las condiciones de acceso al crédito, y, al final, llevaría a una menor concesión de créditos”.
La organización recuerda que la Ley Hipotecaria ya admite en su artículo 140 la posibilidad de que el propietario de una vivienda salde su deuda con la entrega del inmueble si así lo ha acordado previamente con su entidad financiera, aunque admite que el uso de esta opción es prácticamente nulo, en tanto que el coste del préstamo es mayor.
Así lo señala en el informe que la organización entregó durante la comparecencia de su director general, José María Méndez, ante la subcomisión del Congreso en la que se debatió la reforma de la Ley Hipotecaria el pasado 21 de septiembre. En dicho estudio, la Ceca considera que sería en todo caso “más práctico” incentivar el uso de esta opción explicitada en la ley vigente mediante incentivos fiscales, como la extensión a las hipotecas de la exención de tributación por actos Jurídicos Documentados (AJD) de la que disfrutan las escrituras de novación y subrogación de préstamos hipotecarios.
De esta forma, según argumentó Méndez ante la subcomisión, “las entidades de crédito podrían abrir una línea específica de préstamos con garantía limitada al bien, al inmueble, y lógicamente esta línea de producto tendría unas condiciones económicas específicas que están adaptadas al riesgo asumido, como un loan to value más bajo y un diferencial de tipo de interés superior”.
Mejorar las condiciones de ejecución
Otras alternativas expuestas por la Ceca pasan por agilizar los procesos de ejecución hipotecaria y hacerlos más transparentes en favor de una mayor concurrencia de ofertas, algo que en última instancia beneficiará al propio deudor hipotecario, que podrá ver incrementado el valor de adjudicación de sus activos. En esta línea, también solicita un reducción de la fianza necesaria para la puja en subastas hipotecarias, más allá de la aplicada del 30% al 20% del valor de salida del bien subastado, que el Gobierno aprobó en julio.
En paralelo, la CECA insta a ampliar el plazo de 20 días para pagar el resto del precio de un inmueble adjudicado en subasta. Según explica, este plazo hace muy difícil obtener financiación, ya que no es tiempo suficiente para llegar a un acuerdo con la entidad prestamista, formalizar la escritura pública e inscribirla. “Abramos esas pujas, demos más plazos, demos ayudas para entrar ahí, demos trascendencia, rompamos la opacidad”, llegó a señalar Méndez al respecto.
Por último, el informe que defendió el director general de la organización ante los portavoces indica que es necesario mejorar la transparencia y la publicidad en las subastas mediante la creación de un portal web para la realización de subastas on line. Esto permitiría a los potenciales postores realizar un seguimiento más directo de las subastas a realizar, proporcionándoles información completa acerca de los inmuebles objeto de subasta.
Europa Press
