Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria.

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta, y Héctor Illueca Ballester, director general del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, firmaron este miércoles de manera telemática la prórroga del Convenio para el desarrollo efectivo de la cooperación y la consecución de los fines asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Convenio regula aspectos de gran importancia práctica como las funciones de inspección de la Autoridad autonómica, la composición y funciones de la Comisión Operativa Autonómica, los medios materiales y humanos al servicio de estos fines, la dotación de efectivos y otros asuntos de interés en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad.

Tras la firma de este convenio, se celebró por videoconferencia, la Comisión Operativa Autonómica correspondiente al año 2020, con la presencia de José Antonio Bartolomé Cachón, director general de Trabajo y Prevención de Riesgos de la Junta, y Carmen Collado Rosique, directora de la Oficina Nacional de Lucha Contra el Fraude, en representación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A través de este órgano de cooperación, las administraciones autonómica y central planifican de forma coordinada las actuaciones inspectoras de cada ejercicio y analizan los resultados previos obtenidos.

Programa territorial

Así, se aprobó el Programa Territorial Integrado de Objetivos del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2021 en Castilla y León, que prevé la realización de 46.689 actuaciones. En concreto, la Junta asumirá la ejecución de un 45% de las actuaciones programadas, centradas en las 2 materias que son de su competencia, la prevención de riesgos en el trabajo y las relaciones laborales.

Entre las principales líneas y objetivos de actuación fijados para el ejercicio 2021 se encuentra reducir la siniestralidad laboral, con la planificación de 10.799 actuaciones, intensificando la vigilancia en sectores y empresas que presentan una mayor incidencia de accidentes de trabajo y una mayor gravedad de los mismos. La selección de sectores y empresas se realizará por vez primera mediante el uso de big data.

Se han programado 2 campañas específicas, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores en relación con la COVID-19.

También persigue luchar contra el abuso y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, además de combatir los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas y los incumplimientos en materia salarial.

En materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres se han programado 726 actuaciones inspectoras, con un incremento de un 10,7% en el número de las actuaciones en materia de Planes de Igualdad, con el objetivo de poder hacer frente a la entrada en vigor, el próximo día 6 de marzo de 2021, que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a disponer de ese Plan.

En cuanto a la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo y la economía irregular, se incrementarán las actuaciones en un 2,5%, hasta alcanzar las 25.321 actuaciones. Se incluye, además, una nueva campaña para erradicar los posibles fraudes en materia de expedientes de regulación de empleo derivados del Covid-19.

Además, se intensificará la vigilancia sobre las nuevas modalidades de prestación de trabajo y las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena, donde se incluyen actuaciones para detectar el fomento del falso autónomo (por ejemplo, los riders o repartidores de comida a domicilio).

Para una mayor eficacia en la consecución de dichos objetivos, durante el año 2021, se prevé un incremento del 14% en el número de efectivos de inspección activa. La plantilla aumentará en 19 miembros, 10 de ellos de la escala de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, completando de esta forma el despliegue territorial de los mismos en toda la comunidad autónoma, puesto que no había subinspectores de Seguridad y Salud en las Inspecciones Provinciales de Burgos, Palencia, Segovia y Soria.

Resultados de 2020

La Comisión Operativa analizó, además, los resultados durante el año 2020. Entre enero a octubre, la suma de los expedientes finalizados por la Inspección de Trabajo en Castilla y León ascendió a 43.072, lo que supone un aumento interanual del 8,29%, pese a la situación de pandemia.

La crisis sanitaria obligó a reorientar algunas de las prioridades de la actuación inspectora, reduciéndose tanto los expedientes sancionadores (- 22%) como los liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social (-13%) como consecuencia de la disminución de actividad en el mercado laboral. Por el contrario, aumentaron otras actuaciones inspectoras íntimamente relacionadas con las implicaciones del Covid-19 en los derechos y obligaciones de empresas y personas trabajadoras.

ERTEs

De enero a octubre de 2020 se incrementó en un 5.685% los informes de suspensión o reducción de jornada por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pasando de 188 a 10.876.

En materia de prestaciones de desempleo, los esfuerzos se centraron en la lucha contra el fraude en los expedientes de regulación temporal de empleo. En total, a fecha 31 de octubre, se habían abierto 5.486 expediente con el resultado de 162 infracciones que afectan a 346 trabajadores y 635.792 euros de importe de las infracciones.

En relación con las actuaciones relacionadas con el Covid-19, se finalizaron 612 expedientes, con 30 infracciones, 1.183 trabajadores afectados y un importe de 132.478 euros. Además, se realizaron 579 requerimientos de subsanación de irregularidades.

Plan Director por un Trabajo Digno

Por último, se analizaron los datos provisionales de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018, con el objetivo último de recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, reforzando así la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

Desde su entrada en vigor, el 1 de agosto de 2018, hasta junio de 2020, los resultados son los siguientes: se han aflorado 10.649 empleos de personas trabajadoras cuyas empresas no habían comunicado el alta a la Seguridad Social; en materia de contratación temporal fraudulenta, se han transformado 14.639 contratos temporales en indefinidos; se ha procedido a incrementar la jornada de 3.378 trabajadores a tiempo parcial; en la nueva campaña sobre condiciones salariales, puesta en marcha en 2019, los requerimientos de pago de salarios a instancias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han dado lugar a la recuperación de 2.967.727 euros para los trabajadores de Castilla y León entre enero de 2019 y junio de este año; un total de 1.301 falsos autónomos han sido regularizados mediante su alta en el Régimen General de la Seguridad Social; y se han extendido expedientes liquidatorios por un importe de 71.896.076 euros.

Castilla y León Económica