Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, presentará hoy el décimo Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma desde que accedió a la Presidencia del Gobierno autonómico en el año 2001, unas cuentas que, por segunda vez consecutiva, caerán en los capítulos de ingresos y de gastos. En concreto, los Presupuestos de la Junta para 2011, el tercer año de la crisis, sufrirán un recorte del 10% respecto a los de 2010, lo que se traduce en cerca de 1.000 millones de euros menos teniendo en cuenta que las cuentas de ese año ascendieron a 10.575 millones de euros.
De lo que ha trascendido sobre el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011, se sabe que rondarán en torno a los 9.500 millones de euros, cifra inferior a la de los últimos cuatro años, en los que, a excepción de 2006 (9.652 millones de euros), se superó la barrera de los 10.000 millones de euros (10.384 en 2008, 10.584 en 2009 y 10.575 en 2010). Herrera argumentó que este recorte se realizará ante “un horizonte inexorable de restricción presupuestaria sin precedentes” al que tendrán que hacer frente las comunidades autónomas, ya que para lograr la reducción del déficit deberán renunciar a “una parte sustancial de la inversión pública estatal”.
Protección social
No obstante, Herrera se comprometió a que el próximo año se garantizarán el sistema de protección social y los grandes servicios públicos, como educación y sanidad, con un aumento del presupuesto de estas áreas hasta representar el 35% del total.
Otros de los detalles que se conocen de las cuentas regionales para 2011 es el mantenimiento de los beneficios fiscales, que este año han llegado a 150.000 familias; la apuesta por el empleo con la renovación del Plan de Empleo, el Plan de FP y el Plan de Prevención de Riesgos; y el impulso de la competitividad y de la innovación empresarial e industrial a través del desarrollo del II Acuerdo Marco. Además, Herrera se ha comprometido a seguir destinando el 3% de los presupuestos a I+D+i y a mantener las inversiones en infraestructuras ya licitadas, incluso las de carácter plurianual.
En 2011 habrá siete nuevos beneficios fiscales y la ampliación de otros seis para reactivar la economía de Castilla y León y generar empleo sin incrementar la presión fiscal en las familias. En total, el próximo año estarán en vigor 43 ventajas tributarias, según el borrador de la Ley de Medidas Financieras. El próximo año los ciudadanos de Castilla y León tendrán deducciones fiscales por la realización de obras de reparación y mejora en la vivienda habitual como medida destinada a incentivar el sector y contribuir a la lucha contra el fraude. La inversión deducible en este caso en el IRPF asciende al 15% de la cifra abonada al empresario o profesional, con un máximo de 10.000 euros por contribuyente.
La segunda deducción referente a este sector es la bonificación de las reformas que se lleven a efecto en inmuebles de más de 30 años de antigüedad con el fin de garantizar su conservación y para que puedan superar la Inspección Técnica de Edificios. De este modo el contribuyente podrá deducirse el 15% de la cantidad que dedique a este fin, con un límite de 10.000 euros por propietario.
Dentro de las medidas de apoyo a la familia, la Junta incluye como medida permanente una deducción por el disfrute del permiso de paternidad cuando implique la suspensión del contrato de trabajo o la interrupción de la actividad que alcanzará los 750 euros por el disfrute completo del permiso y de 75 euros por mes si no coincide con el máximo legal. Otra novedad en este área es la introducción de un nuevo supuesto en los beneficios fiscales por nacimiento o adopción de hijos dirigido a contemplar partos múltiples o adopciones simultaneas y se incorpora una deducción para ayudar a las familias a hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social de los empleados de hogar. Así, a partir de 2011, los ciudadanos de Castilla y León que tengan contratado a un trabajador doméstico podrán deducirse el 15% de la cotización con un límite de 300 euros anuales.
En cuanto al sector del juego, la Junta prevé aplicar un tipo reducido a aquellas salas de bingo que incrementen su plantilla en 2011 y 2010 respecto a este año. Junto a esto, se bonifica la tasa aplicable a las nuevas salas que se creen en los dos próximos ejercicios durante un periodo de cuatro años desde su apertura. El segundo beneficio es la bonificación en la tasa que abonan los empresarios por las máquinas recreativas inactivas, que está condicionada al mantenimiento del empleo. El anteproyecto de Ley de Medidas incluye otra novedad vinculada a este sector como es la regulación del juego on-line, algo que arrancó este año con la creación de una tasa al efecto. De forma paralela el próximo ejercicio comenzará a funcionar de forma efectiva el bingo electrónico que coexistirá con el tradicional.
Reestructuración del sector público
El borrador de la Ley de Medidas aborda también la reestructuración del sector público empresarial y lo reduce en un 20% para dar cumplimiento de este modo al mandato realizado por el presidente de la Junta en el Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma. Así, se pasará de nueve fundaciones y siete empresas públicas a ocho fundaciones y cinco empresas. La modificación de mayor calado afecta a los sociedades vinculada a la Consejería de Economía y Empleo, donde se suprime la Agenda de Inversiones y Servicios y Ade Financiación, pues sus funciones serán asumidas por un nuevo ente denominado Agenda de Innovación Empresarial de Castilla y León, que incorporará también las funciones de la Fundación ADEuropa, con lo que se inicia su extinción. En segundo lugar, se permite incrementar la participación pública en el capital de los Centros Europeos de Empresa e Innovación de Castilla y León (Ceicalsa), de modo que esté por encima del 50%. Se trata del paso previo a su fusión con Ade Parques Tecnológicos y Empresariales, que también se autoriza en el anteproyecto. Asimismo, la norma consigna la desaparición de la sociedad anónima Agrupación de Productores de Patata de Siembra de Castilla y León (Appacale), dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Por último, se permite que la Sociedad Pública de Medio Ambiente pueda ser utilizada por los ayuntamientos y diputaciones como un servicio propio de asistencia técnica, con el fin de que abaraten costes en la adjudicación y ejecución de las obras públicas.
Para los ayuntamientos y diputaciones, el borrador introduce una modificación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma con el fin de ayudarles a afrontar pagos. La importancia de este cambio radica en que a partir de 2011 podrán destinar los recursos que reciban de la Junta a financiar gastos de funcionamiento y no sólo a sufragar inversiones como hasta ahora. En la misma línea, el borrador de la Ley de Medidas elimina la obligatoriedad de que los entes locales tengan que cofinanciar las obras que realicen con subvenciones del Ejecutivo regional.
Europa Press
