Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, anunció este miércoles que la partida destinada a los autónomos en 2015 crecerá hasta los 5,8 millones de euros gracias a la aportación de los fondos europeos.
Herrera, que asistió a la reelección de Soraya Mayo como presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León para los próximos 5 años, avanzó que entre estas medidas se encuentra una línea de ayudas a fondo perdido de 950.000 euros para facilitar el establecimiento como autónomo, así como otras relacionadas con los préstamos financieros para inversión, contratación de servicios externos y mejora de la formación.
El presidente de la Junta subrayó la importancia de este colectivo para la economía de Castilla y León, una comunidad autónoma que cuenta con más de 220.000 autónomos, que suponen el 23,7% de los afiliados a la Seguridad Social en la región y el 6,5% del total de los profesionales por cuenta propia de España. Además, apuntó que este porcentaje es superior al peso del total de afiliados de Castilla y León, que son el 5,1% del total nacional.
En su intervención, Herrera señaló que muchas de las medidas de impulso a la creación de puestos de trabajo de la Junta “apuntan al autoempleo, que es un factor de primer orden para que la economía repunte”. Asimismo, anunció la puesta en marcha del Consejo Regional del Trabajo Autónomo, un órgano que “pone fin al proceso iniciado en 2005 con la creación de la Mesa del Autónomo y en el que se escuchará la voz de un colectivo como es el de los autónomos tan importante para la región”.
Reelección
Durante su discurso de investidura, la presidenta de ATA Castilla y León, que cuenta con más de 12.000 asociados, desgranó alguno de los objetivos que se marca para esta nueva etapa, entre los que se encuentra un aumento de la representatividad de esta agrupación en los centros de toma de decisiones sobre aspectos de interés para los autónomos.
Asimismo, apuntó que sus esfuerzos estarán encaminados a mejorar la cualificación y profesionalización de este colectivo, facilitar el acceso a la financiación, rescatar la bonificación por la contratación de trabajadores por parte de los autónomos y reducir la morosidad de las administraciones a estos emprendedores en Castilla y León, que cifró en 672 millones con una plazo de pago de 76 días, “muy lejos de los 30 días que señala la ley”.
En su intervención, Mayo reclamó también una rebaja de impuestos y la eliminación del denominado céntimo sanitario, un plan de apoyo al relevo generacional de los autónomos y la mejora de la financiación, un área en la que resaltó la labor realizada de manera conjunta con Iberaval, una entidad que en 2014 concedió 432 avales a este colectivo en 157 operaciones por un importe de 21 millones de euros.
Castilla y León Económica
