Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Castilla y León pagan 27 millones de euros anuales en concepto de IVA de facturas que aún no han llegado a cobrar y que puede que no cobren. A nivel nacional, la cifra aumenta hasta los 800 millones anuales, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Actualmente, las 2 únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid son las que cuentan con un mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad, con 195,2 millones de euros y 149,3 millones de euros, respectivamente. A continuación se sitúan Andalucía (94,6 millones) y la Comunidad Valenciana (86,9 millones), por delante del País Vasco (46,6 millones), Galicia (40,5 millones), Aragón (28,2 millones), Murcia y Castilla y León (27 millones en ambos casos), Castilla-La Mancha (25,4 millones), Baleares (15,2 millones), Navarra (14,3 millones), Canarias (13,9 millones), Asturias (12,5 millones), Extremadura (9,2 millones), La Rioja (6,7 millones), Cantabria (5,3 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta (0,2 millones) y Melilla (0,06 millones).
Europa Press
