El Gobierno obligará a la banca a realizar saneamientos preventivos por su exposición al sector inmobiliario y a hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago, informaron fuentes conocedoras del proceso.
Con esta vuelta de tuerca a la reforma financiera que presentará el Ejecutivo este viernes, el equipo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.
La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por los que aún no se han deteriorado (150.000 millones).
Facilitar las fusiones
El nuevo plan de reestructuración financiera otorgará un tratamiento más flexible a las entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta 2 años. Las que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.
El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en números rojos. Considera que así se reactivará el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, se frenará la sangría del paro.
Exigencias de las ayudas públicas
Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, explicó este miércoles que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español serán considerados por Bruselas ayudas públicas.
Esto significa que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.
Europa Press